El Gobierno del Partido Popular es un gobierno profundamente liberticida e intervencionista. Sus sangrantes subidas de impuestos, sus crecientes intromisiones regulatorias en todos los ámbitos de la vida de los ciudadanos, su compadreo con lobbies empresariales, su presión matonil contra los medios de comunicación díscolos, o su nacionalización de algunos bancos y concesionarias de autopistas conforman un cuadro verdaderamente tenebroso que, desafortunadamente, resume a la perfección su gestión al frente del Ejecutivo.

Han sido muchos quienes, a raíz de lo anterior, han optado por calificar al Partido Popular de socialista. Sin embargo, el calificativo que mejor describe su política económica, y muchos de sus rasgos de política social, es el de falangista; una ideología de la que han bebido y mamado muchos de los miembros de la derecha patria que actualmente nos desgobierna.

A la postre, el falangismo, a diferencia del socialismo, combina su opresivo intervencionismo económico con un marcado populismo españolista. El interés “nacional” justifica el cercenamiento de las libertades individuales, del libre comercio o de la libre empresa: dentro de su visión, la base de la economía no es la lucha de clases -como en el socialismo- o la armoniosa cooperación de los planes individuales -como en el liberalismo-, sino la supremacía de una visión holista de la nación sobre cualquier otra manifestación.

Ese falangismo popular es plenamente observable en el deplorable caso de Deoleo, el grupo alimentario español que agrupa marcas de aceite de oliva tan populares como Carbonell o Koipe. Tan pronto como se ha planteado la posibilidad de que un fondo de inversión participado por el Estado italiano adquiera parte del paquete accionarial de Deoleo que van a enajenar algunos bancos como Bankia, BMN, Caixabank o Kutxabank, el Gobierno de Mariano Rajoy se ha envuelto rápidamente en la bandera para defender la españolidad de la compañía.

A juicio del Ejecutivo, resulta inaceptable que un fondo italiano, competidor directo de “España” en la exportación mundial de aceite de oliva, adquiera una posición de control sobre una empresa “española”. Según se nos dice, el campo “español” necesita de un comercializador internacional para dar salida a tres cuartas de su producción interior, de modo que no conviene dejar a Deoleo en manos “extranjeras”.

El ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, ha solicitado que el Estado utilice parte del dinero de todos los españoles para comprar una porción significativa de ese paquete accionarial y Montoro, a través de la SEPI, ya ha mostrado su interés en adquirirla. No podía ser de otro modo. Ni Cañete ni Montoro exhiben el más mínimo escrúpulo moral a la hora de disponer discrecionalmente de las haciendas ajenas. Dentro de su estrecha cosmovisión liberticida, Deoleo sólo puede ser “española” y jamás “italiana”. Como si la clave de una empresa fuera su nacionalidad y no el valor que sea capaz de generar para los consumidores; o como si la española Deoleo no hubiese adquirido previamente marcas italianas como Bertolli, Carapelli, Sasso o Maya sin que el Gobierno rechistara por ello.

Por desgracia, esta hipócrita doble vara de medir de los muy “españoles” ministros del ramo muy probablemente termine justificando la susodicha malversación de los ahorros de los españoles en calmar las filias y fobias de los ministros populares. Mas no se dejen engañar por la propaganda gubernamental dirigida a hacernos creer que, si Deoleo dejara de comprar aceite “español”, nuestros aceituneros dejarían de poder enajenar su mercancía.

Deoleo comercializa menos del 10% de la producción mundial de aceite de oliva y España genera más del 50% de esa producción mundial: Deoleo no es, pues, ni la única ni la más importante vía de comercialización de las aceitunas “españolas”. Por ello, si Deoleo se pegara un tiro en el pie negándose a adquirir aceite “español”, otros comercializadores lo harían y terminarían desplazando a Deoleo. El Gobierno no pinta absolutamente nada en esta historia.

Pero, el propósito último del PP consiste en azuzar el odio al extranjero para justificar una nueva muestra de su exasperante intervencionismo estatal de corte falangista: Montoro ya ha preparado la chequera para adquirir una porción de Deoleo con la excusa de defender el interés “nacional”.

¿Acaso no sería más sensato que aquellos españoles que tuvieren un mínimo interés por mantener la “españolidad” de la compañía juntaran el ahorro suficiente para adquirir ese paquete accionarial? Parece que no: el Gobierno tiene pensado obligarnos a comprar unas acciones que no deseamos comprar. Como ya sucedió con los bancos o con las autopistas. Ahora a por el aceite.

Todo sea por la santa cruzada de mantener intacta su españolidad… a costa de nuestra libertad.