El Partido Popular no sólo ha incumplido los objetivos de déficit de 2015, sino que acaba de amenazar con incumplir los de 2016. El nuevo cuadro macroeconómico presentado este martes por el ministro de Economía Luis de Guindos, días después de reconocer que nuestro país estaba entrando en una senda de desaceleración, contempla cerrar este año con un desequilibrio presupuestario equivalente al 3,6% del PIB, casi un punto superior a nuestros compromisos con Bruselas.

Como ya hiciera el PP en 2012 —año en el que Rajoy impuso a Bruselas una nueva senda de reducción del déficit antes siquiera de haberse sentado a hablar con nuestros socios comunitarios—, el ministro De Guindos escoge unilateralmente para 2016 la cifra del 3,6%… sin haber acordado todavía nada con las autoridades europeas. No sólo rechaza reducir significativamente el déficit, sino que lo hace sin haber consultado siquiera a Bruselas.

Acaso algunos crean que, como ya argumentara Rajoy en 2012, España es un país soberano que no necesita rendir cuentas ante nadie para escoger sus objetivos de déficit. Si tal fuera el caso, ya resultaría en sí mismo criticable que el Gobierno del PP dilate los plazos para acabar con el déficit. Pero es que además es mentira: el “soberano” Estado español suscribió un acuerdo denominado “Pacto de Estabilidad y Crecimiento” por el que se obliga a mantener un déficit público inferior al 3% del PIB; y, en caso de que el desequilibrio presupuestario supere el 3%, asume la obligación de someterse a un “procedimiento de déficit excesivo” por el cual las autoridades comunitarias le marcarán la senda de ajuste del déficit (algo similar, por cierto, a la Ley de Estabilidad Presupuestaria aprobada por el PP y con la que pretende obligar a las autonomías a cuadrar sus cuentas). Todo esto lo aceptó España “soberanamente” y todo ello se lo está saltando Rajoy arbitrariamente.

Pero tal vez lo más grave del asunto no sea en sí mismo el incumplimiento del déficit o el desplante hacia Europa, sino el dolo con el que han sido perpetrados. En 2015, el Gobierno del PP rebajó el IRPF en dos ocasiones: medida que habría sido muy beneficiosa en caso de que hubiera venido acompañada de un recorte paralelo del gasto público que coadyuvara a reducir el desfase presupuestario. Pero no: el gasto público de 2015 no bajó, sino que subió, de modo que la menor recaudación conllevó un mayor descuadre. Una electoralista inyección de dinero en la cuenta corriente de los españoles a costa de endeudar a esos mismos españoles: “te obligo a que te endeudes [reducción de impuestos emitiendo deuda pública] para que creas que eres más rico y votes al Partido Popular”.

Algo similar sucederá este año: el Ejecutivo del PP no sólo proyecta incumplir el déficit, sino que proyecta hacerlo mientras mantiene su promesa a los empleados públicos de reembolsarles la segunda mitad de la paga extra que les suspendió en 2012. Se trata de un gasto extraordinario completamente innecesario que tensionará todavía más la grave situación de deterioro de nuestras cuentas públicas. Y todo porque el PP quiere encarar las previsibles elecciones generales de junio manteniendo una buena relación con el funcionariado.

En definitiva, el PP no sólo es irresponsable por obstaculizar activamente la reducción del déficit público, sino por hacerlo, en gran medida, para comprar el voto de los españoles (bajadas de impuestos sin reducciones de gasto estructural y aumentos extraordinarios de los desembolsos estatales para engrosar los bolsillos de los empleados públicos). Bruselas no debería admitir en ningún caso tamaña burla del Gobierno de España a costa del bolsillo futuro de los contribuyentes. El equilibrio presupuestario —alcanzado por el lado del gasto— debería seguir siendo una prioridad: especialmente, una prioridad frente al populismo electorialista que practican todos los partidos. Tanto Podemos como el PP.