Ayer se anunció que la empresa Uber y el gobierno de la Ciudad de México llegaron a un “acuerdo” para que en “situaciones extraordinarias” –como la de contingencia ambiental y durante la aplicación del programa doble Hoy No Circula-, se elimine su tarifa dinámica. Sin embargo, la tarifa seguirá siendo variable.

La diferencia es que cuando se decrete una contingencia, las tarifas no rebasarán 4.9 veces la normal. En doble Hoy No Circula –como el aplicado ayer y hoy -, la tarifa tendrá un tope máximo de 2.9 veces. La empresa se comprometió a cuando existan situaciones de emergencias naturales, de seguridad pública o salud, ofrecerá viajes gratis en las zonas afectadas.

Aunque se supone que la decisión fue acordada con la Secretaría de Movilidad, lo cierto es que no se le puede llamar negociación o acuerdo si una de las partes, en este caso Uber, se sabe sometida: es decir, o voluntariamente a fuerza se autoimponía un límite y se comprometía a ofrecer ventajas bajo ciertas circunstancias, o se lo fijarían desde el gobierno.

Los gobernantes no tienen ni pueden tener idea de cuánto es un precio “justo”, porque como todas sus decisiones, son arbitrarias, a juicio del funcionario, y no tengo que explicarle las malas decisiones que suelen tomar los políticos.

Los únicos que saben cuánto y cuándo pueden pagar según sus condiciones y circunstancias personales, son aquellos que con sus compras y ventas participan en el mercado. Nadie más.

Por eso, lo de Uber si bien suena a buena noticia para los consumidores (que por cierto, son consumidores de alto poder adquisitivo, no pobres, que tienen mínimo para un teléfono inteligente con servicio de datos constante y al menos una tarjeta de crédito), la realidad es que se sienta un pésimo precedente para todos.

Se ha forzado a que una empresa privada limite sus ganancias, algo tan injusto como que mañana a usted o a mí, la autoridad nos pusiera un tope a nuestro ingreso por considerarlo “excesivo”. ¿Quién es el gobierno para meterse en un contrato celebrado de manera voluntaria entre particulares?

No. Si quien quiere contratarle a usted o comprarle sus productos está dispuesto a pagar lo que pide, no existe ni abuso ni precio “excesivo”. Estamos pues ante un caso de tope de precios gubernamental disfrazado de acuerdo, y dichos controles sólo traen problemas en la economía.

En este espacio le he advertido que la inflación en México aún está cerca de niveles mínimos históricos, pero eso no será para siempre. Si y cuando comience a repuntar de manera preocupante –y lo hará-, puede apostar a que nuestros políticos especialistas en populismo saldrán diestro y siniestro a imponer “acuerdos”, “pactos” y controles de precio como el que se ha hecho con Uber. Falsas soluciones.

Ya en el senado el PRI a través del legislador Arturo Zamora, propuso un “precio máximo” para la tortilla en febrero pasado. Vamos mal. Esos controles provocan que haya productos y servicios de mala calidad y generan escasez. Al final, de todos modos los precios se presionan al alza y/o se genera un mercado negro. Si no me cree, vea lo que le está sucediendo a Venezuela, que es un caso extremo. No debemos, en definitiva, seguir ese camino.

En Estados Unidos se perfila un candidato fuerte a la presidencia que sería –se supone-, muy adverso para los intereses de nuestro país. No veo cómo su contrincante pueda derrotarlo, por lo que más nos valdría comenzar a tomar medidas preventivas como la liberalización y apertura total de los mercados, recortar de forma masiva y de inmediato el gasto público hasta equilibrarlo, etc. Esas sí son soluciones, amargas pero necesarias medicinas a tomar.

El caso Uber puede ser el primero de muchos que no nos enfilan hacia una salida definitiva y sostenida de la crisis, sino hacia ella. Es urgente corregir el rumbo.