El nuevo secretario general de la UGT, Pepe Álvarez, manifestó hace unos días que su objetivo para los próximos cuatro años es conseguir que cada trabajador entienda que “cada vez que se le quita una subvención a un sindicato, se le está quitando un derecho a él”. Sorprende la escasa consideración intelectual que muestra el señor Álvarez hacia aquellos cuyos intereses dice promover. ¿Son los trabajadores tan cortos de miras como para no apreciar lo que debería resultarles evidente, a saber, los innegables beneficios que obtienen merced a la representación sindical? ¿O es que, por el contrario, esos beneficios no son tan evidentes y, por tanto, hace falta recurrir al marketing para persuadir a unos obreros confusos? Si este último fuera el caso, tal vez podría entenderse que Álvarez emprendiera una campaña informativa acerca de los beneficios del sindicalismo en el s. XXI. Mas, si de verdad terminara convenciendo a los trabajadores de tales beneficios, ¿entonces para qué mantener las subvenciones estatales? Si la mayoría de obreros acaba por entender el formidable papel que está desempeñando hoy la UGT, ¿acaso no cabría esperar que procedieran a afiliarse al sindicato? ¿Qué función desempeñarían entonces las subvenciones a los sindicatos, financiadas coactivamente del bolsillo de todos los trabajadores, cuando sería posible sufragar sus gastos con las cuotas voluntarias de sus afiliados? Sucede que, en el fondo, Pepe Álvarez no espera convencer a los trabajadores sobre las bondades del sindicalismo, ya sea porque los cree incapaces de comprender tales bondades o porque, en realidad, esas presuntas bondades son inexistentes y sólo constituyen una excusa para justificar lo injustificable, esto es, las subvenciones a los sindicatos (incluidos los sindicatos empresariales: la patronal). No, Sr. Álvarez: el derecho de los trabajadores es el de afiliarse o no afiliarse a un sindicato; lo que usted defiende no es un derecho, sino el privilegio de su sindicato para extraer coercitivamente recursos de aquellos trabajadores que no desean formar parte del mismo. Si de verdad fuera cierto que se preocupa por las libertades de los trabajadores, entonces propugnaría su derecho a no costear a aquellos sindicatos que no sean de su agrado o interés. Pero, en cambio, opta por la impostura: por confundir deliberadamente los intereses crematísticos de la UGT con los derechos de todos los trabajadores. La apelación abnegada al bien común como cortina de humo para amarrar los intereses particulares.