Denuncia CCOO en su último informe, Cartografía de los recortes en la Administración General del Estado, que el número de empleados públicos se ha reducido en 140.000 durante los últimos cuatro años. En realidad, si acudimos al INE, la disminución ha sido algo mayor: 234.000. ¡Anatema! El sector público adelgazando. Desmantelamiento de los servicios sociales. Ultraliberalismo salvaje. Mas acaso convenga complementar este dato con otros tres que presentan una imagen muy distinta de la denunciada por CCOO.

Primero, es verdad que desde finales de 2011 a finales de 2015, el empleo público se redujo en 234.000 personas (desde 3,234 millones a 3 millones), pero no convendría olvidar que desde finales de 2007 a finales de 2011 había aumentado en más de 265.000 (desde 2,969 millones a 3,234 millones). O dicho de otro modo, en 2015 había más empleados públicos que en el pico de la burbuja inmobiliaria (año 2007). Es más, el auténtico recorte del empleo público se produjo en 2012 y 2013, cuando disminuyó en 325.000 personas. Desde finales de 2013, el empleo público ha crecido en España: en concreto, a finales de 2015 había 91.000 personas más que en 2013 trabajado en el sector público. La tendencia, pues, lleva dos años invertida.

Segundo, el recorte de empleo público ha sido muy modesto con respecto a la destrucción de empleo en el sector privado. En 2007, había un empleado público por cada seis trabajadores (o autónomos) en el sector privado. Hoy hay uno por cada cinco. Y en el momento de mayor destrucción de empleo público de la pasada legislatura (finales de 2013) había uno por cada 4,8. En algunas comunidades autónomas, como Extremadura, hay un empleado por cada 2,6 trabajadores en el sector privado. Por consiguiente, los empleados públicos han gozado de puestos de trabajo mucho más estables que sus pares en el sector privado: un lastre muy relevante dado que son los trabajadores del sector privado quienes, con sus impuestos, sufragan el coste del empleo público.

Y tercero, el recorte de empleo público también ha sido tremendamente modesto en términos de austeridad presupuestaria. En 2011, el sector público español gastó 125.000 millones de euros en pagar las nóminas de sus empleados (uno de cada tres euros recaudados). En 2015, el Estado gastó en esa misma partida 117.000 millones: un recorte de apenas el 6,4% que, si añadimos la inflación acumulada durante ese período, asciende hasta el 9,6%.

Sí, ese es el insoportable recorte del gasto en empleo público durante una legislatura en la que España estuvo al borde de la quiebra: menos del 10% del total. Menos del 10%… por mucho que CCOO, actuando como lobby de los empleados públicos, intente persuadir a los contribuyentes de que se ha recortado demasiado y de que, en consecuencia, deben estar dispuestos a pagar muchos más impuestos para volver a cebar el gasto en personal.