El candidato socialista a la presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, ha propuesto crear un nuevo impuesto sobre las grandes fortunas para cuadrar las cuentas de la Seguridad Social. Acierta Sánchez a la hora de apuntar al sistema público de pensiones como uno de los grandes retos a los que va a tener que enfrentarse la sociedad española no ya durante la próxima legislatura, sino a lo largo de las próximas décadas; yerra completamente a la hora de proponer como solución un populista “impuesto a los ricos”. Su mensaje electoral únicamente está contribuyendo a falsear la auténtica magnitud del problema al que nos enfrentemos: en su mejor año de recaudación (2007), el Impuesto sobre el Patrimonio arrojó unos ingresos fiscales de 1.700 millones de euros, mientras que el déficit de la Seguridad Social en 2015 ascendió a 13.500 millones de euros. Es decir, aunque triplicáramos los ingresos derivados de someter a tributación el patrimonio de “los más ricos” (algo de por sí inviable, pues España ya es uno de los países que más grava la riqueza en todo el mundo), ni siquiera llegaríamos a cubrir la mitad el agujero actual del sistema de pensiones.

Y, en este sentido, lo peor todavía está por llegar: actualmente, España cuenta con dos trabajadores por pensionista; en poco más de 25 años, apenas habrá un trabajador por pensionista incluso aun cuando logremos acabar con el paro. ¿Cómo pretender que un absolutamente secundario y marginal impuesto sobre las grandes fortunas vaya a solucionarnos este gigantesco desequilibrio de origen demográfico? No lo hará. El verdadero plan oculto del PSOE para cuadrar las cuentas de la Seguridad Social es copiar el modelo de financiación existente en Francia (la llamada Contribución Social Generalizada): imponer un tributo adicional sobre todos los trabajadores, parados y pensionistas equivalente al 7,5% de sus salarios y rentas anuales. Una brutal exacción que, para más inri, carece de naturaleza contributiva: es decir, cada trabajador pagará mucho más por su jubilación sin ver incrementada la pensión a la que tendrá derecho en el futuro. Un robo a mano armada que sí sería capaz de movilizar una importantísima suma de ingresos fiscales adicionales (entre 20.000 y 30.000 millones de euros al año) pero que lo haría a costa de arruinar y descapitalizar a las clases medias españolas. Todo sea por no reconocer la cruda realidad: que el sistema público de pensiones es una insostenible estafa transgeneracional.