La economía española ha resistido de momento los presuntos achaques de la incertidumbre política. Ésa es al menos la principal conclusión que se desprende del último informe trimestral elaborado por el observatorio de coyuntura UFM Market Trends y por el Instituto Juan de Mariana.

Ciertamente, la evolución macroeconómica de España parece acreditar esta tendencia: el PIB se expandió durante el primer trimestre un 0,8%, una de las mayores tasas de la última década; la evolución del empleo durante estos primeros tres meses ha sido la mejor de toda la crisis (pese a que la ocupación siempre se contrae durante el primer trimestre del año, en 2016 lo hizo prácticamente la mitad que en 2015 o un tercio de lo que lo hizo en 2014); la actividad manufacturera y de servicios durante el comienzo de este segundo trimestre se mantiene en niveles muy elevados; y los ahorradores extranjeros continúan invirtiendo en nuestro país a un ritmo superior a 3.000 millones de euros mensuales. La superación de la profunda depresión en la que se sumergió España como consecuencia, primero, de la burbuja inmobiliaria y, después, de la burbuja estatal parece avanzar a buen ritmo a pesar de los interrogantes institucionales a los que nos ha abocado el auge del populismo político.

Sin embargo, tal como también recuerda el informe del UFM Market Trends y del Instituto Juan de Mariana, semejante recuperación continúa mostrando signos de fragilidad: España es uno de los países del mundo con mayor endeudamiento exterior, lo que significa que somos críticamente dependientes de nuestra credibilidad frente al extranjero. Si en cualquier momento brota la desconfianza hacia nuestro país y los inversores foráneos dejan de querer refinanciarnos, nada evitaría que nos enfrentáramos a un colapso financiero similar al de 2012.

De momento, este negro escenario está lejos de materializarse: el Banco Central Europeo brinda un apoyo explícito a la deuda española; nuestros pasivos con el exterior han empezado a reducirse; y, como decíamos, los inversores extranjeros continúan apostando por nuestro país. No obstante, España no es inmune ante cualquier política que pueda implementarse internamente: nuevas subidas de impuestos, del gasto público y del déficit o fuertes rearmes regulatorios de los distintos sectores productivos sembrarían dudas sobre la solvencia a largo plazo del Estado y ahuyentarían la inversión que seguimos requiriendo para completar el cambio de modelo económico.

Por eso, y a pesar de que hasta la fecha la incertidumbre no parece haber ejercido una enorme influencia negativa sobre España, el propio informe del UFM Market Trends destaca que la mayoría de analistas sí temen que durante los próximos meses la incertidumbre acabe dejando su impronta en forma de menor crecimiento y de menor creación de empleo. Al cabo, las dudas sobre nuestra futura política económica sí han comenzado a ralentizar la entrada de inversiones extranjeras durante los primeros meses de este año con respecto al mismo período del año anterior: los capitales siguen llegando, pero a menor ritmo. Y una menor inversión presente equivale a un menor crecimiento futuro.

En definitiva, el arranque económico del año ha sido mucho mejor de lo que se temía, pero la irresponsabilidad política de unos partidos que están inmersos en una carrera electoralista por ver quién promete mayores locuras populistas puede terminar pasándonos factura. Si las nuevas mayorías políticas que emerjan tras los comicios del 26-J se dedican a perseguir al inversor en lugar de a no obstaculizarle la vida, la recuperación actual mutará en estancamiento.

La pobreza se reduce

La tasa de riesgo de pobreza y exclusión social de los españoles se redujo durante el año 2015, según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística. En concreto, esta tasa pasó de afectar al 29,2% en 2014 al 28,6% en 2015: una reducción ciertamente pequeña, pero que al menos revierte la imparable tendencia ascendente que estábamos experimentando año tras año desde 2007. Además, es pertinente aclarar que este indicador no implica que casi un tercio de los españoles sean pobres, sino que se hallan en una situación que, de perpetuarse en el tiempo, podría terminar degenerando en pobreza. La auténtica tasa de pobreza, la que mide la población que padece una sustancial carencia material de aquellos bienes que socialmente consideramos relevantes para mantener un nivel de vida digno, se ubicó en el 6,4% en 2015: un nivel apreciablemente menor al 7,1% que mostró un año antes. La mejor fórmula para continuar arrinconando la pobreza pasa por crear empleo: y la creación de empleo pasa por seguir liberalizando los mercados y por bajar impuestos.

Los empleos precarios de Pedro Sánchez

El candidato socialista a la presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció esta pasada semana una de las patas de su plan de choque contra la pobreza: aprobar un nuevo Plan E dotado con 1.300 millones de euros para crear 200.000 nuevos empleos entre las personas mayores de 45 años y sin formación. La filosofía de fondo de la medida es de sobras conocida: subir los impuestos al sector privado productivo para que el sector público lo dilapide en dar alguna ocupación improductiva a los desempleados. Basta descender a los detalles del plan de Sánchez para comprobar la magnitud del despropósito: el PSOE gastará menos de 1.100 euros mensuales por parado para crear empleo de medio año de duración en cualquier tarea que se les pase por la cabeza a las Administraciones Públicas. Lo que necesitan los parados no son envenenadas dádivas estatales, sino oportunidades para prosperar: y esas oportunidades no las otorga el Estado, sino que florecen en el sector privado cuando el Estado no se lo impide. Lejos de despilfarrar el dinero de los españoles, el PSOE debería estar pensando en devolvérselo para que éstos puedan destinarlo a la generación de riqueza.

¿Nuevos ajustes?

El déficit público español sigue siendo uno de los más altos de la Unión Europea a pesar de que la economía española continúa creciendo a un elevado ritmo. El desfase presupuestario tiene tan poca justificación que la propia Comisión Europea está barajando seriamente la posibilidad de sancionarnos por nuestro enésimo incumplimiento en esta materia. Precisamente para alejar este riesgo, el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, remitió hace unos días una misiva al presidente de la Comisión, Jean Claude Juncker, prometiéndole más ajustes durante la segunda mitad de este año en caso de que resultaran necesarios para cuadrar las cuentas. Sin embargo, al día siguiente de la publicación de esta carta, numerosos dirigentes del Partido Popular se apresuraron a negar que fueran a aprobarse nuevos recortes del gasto, en cuyo caso la promesa de Rajoy a Juncker quedaría del todo vacía. Ése sería un tremendo error que pagaría el contribuyente español: nuestro país sigue necesitando de enérgicas reducciones del gasto público y la cercanía de las elecciones no pueden ser una excusa para continuar retrasándolos.