El gasto social en España asciende al 25% del PIB: más de 260.000 millones de euros anuales. Otros países, presuntas cunas de la socialdemocracia europea, no exhiben un gasto social mucho más cuantioso que éste: Suecia, por ejemplo, destina a estas rúbricas presupuestarias el 27% de su PIB. Y pese a la enormidad de recursos que destinan nuestros mandatarios a políticas sociales (uno de cada cuatro euros que se generan en España), centenares de miles de españoles tienen la sensación de hallarse desatendidos, desprotegidos y desamparados por las Administraciones Públicas. De ahí que todos los partidos hayan instrumentado demagógicamente el filón del “gasto social” para cazar votos y acceder al poder.

Unidos Podemos es, sin duda, la formación que más réditos electorales está sacando a sus promesas sociales. La formación morada propone: primero, garantizar unos ingresos mínimos familiares de entre 600 y 1.290 euros; segundo, establecer un complemento salarial que eleve los sueldos más bajos al entorno de los 900 euros mensuales; tercero, revertir los recortes en sanidad y en educación; y cuarto, rebajar la edad de jubilación a los 65 años. El coste a corto plazo de todas estas medidas podría superar los 50.000 millones de euros anuales, lo que dispararía el “gasto social” de España por encima de los 300.000 millones (en relación al PIB, sería incluso superior al de Suecia o Dinamarca) y duplicaría nuestro déficit público actual.

El PSOE también ha elaborado un catálogo de propuestas similares a las de Podemos, aunque mucho menos agresivas en términos de gasto: primero, promete una renta mínima de entre 426 y 708 euros mensuales, a la que se suman 150 euros por hijo para aquellas personas desempleadas y con baja renta; segundo, extender la prestación por desempleo a un mayor número de colectivos; tercero, crear 200.000 “empleos sociales” (en realidad, empleos basura, pues aspira a crear contratos de seis meses con un salario de 830 euros); y cuarto, revertir la reciente reforma de las pensiones del PP, por la cual éstas se desindexan del IPC y se reducen conforme se incrementa la esperanza de vida. En total, el PSOE contempla invertir hasta 15.000 millones de euros en estas materias: menos de la tercera parte que Podemos.

En cuanto a Ciudadanos, la formación naranja ha abandonado casi por entero la que fue su propuesta estrella durante la anterior campaña electoral: el llamado complemento salarial al que pretendía destinar casi 8.000 millones de euros. Para el 26J, los de Albert Rivera pretenden movilizar 8.500 millones de euros para diversos programas sociales: apenas destinarán 2.800 millones de euros a su antiguo complemento salarial (con lo que se comprometen a entregar 1.400 euros anuales a dos millones de hogares), otorgarán 150 euros mensuales por hijo a las familias con menores ingresos (propuesta calcada a la del PSOE), dirigirán 2.400 millones de euros a políticas activas de empleo para favorecer la reinserción laboral y, por último, también crearán una partida específica para luchar contra el fracaso escolar.

Por lo que respecta al PP, se trata del partido que menores promesa de gasto social lleva en su programa: apenas extender ciertas deducciones en las cotizaciones sociales para autónomos y nuevos empleos fijos, así como un ramillete de ayudas diversas de escaso contenido (maternidad, becas, cheque por hijos…) cuya coste agregado probablemente no supere los 3.000 millones de euros. Acaso conscientes de la muy delicada situación presupuestaria que sigue atravesado el país tras sus cuatro años de gobierno —y dado que, además, han prometido priorizar las rebajas de impuestos en esta legislatura—, los de Rajoy no han apostado por multiplicar las promesas de nuevo gasto público infinanciable. Y, si bien es positivo que no se hayan lanzado a vender tanto humo como sus rivales políticos, su programa no ofrece demasiadas esperanzas a varios millones de personas que continúan instalados en una muy precaria situación económica en España.

En suma, Podemos, PSOE y, en menor medida, Ciudadanos han optado por una política social asistencialista que, lejos de ampliar las oportunidades reales de los españoles para prosperar y labrarse su propio destino, pretende convertirlos en dependientes fosilizados —y en votantes cautivos— del sector público. El PP, en cambio, ha preferido no ahondar por esta vía muerta, pero tampoco ha sabido estructurar una respuesta atractiva para esos millones de españoles frustrados. Es verdad que la mejor política social pasa por dejar de impedir que los españoles salgan del hoyo: facilitar que encuentren un empleo, que los salarios aumenten, que vayan acumulando su patrimonio personal y que, en definitiva, vivan su propia vida al margen de las dádivas caprichosas del gerifalte político de turno. Pero para ello habría sido necesario apostar decididamente por una profunda liberalización de la economía (incluido el mercado laboral) y por una mucho más profunda rebaja de impuestos. Nada de eso, por desgracia, se halla presente en ninguno de los programas electorales. Los ciudadanos deben escoger entre asistencialismo clientelar o prosperidad obstaculizada políticamente. Lo primero seducirá suicidamente a muchos; lo segundo frustrará a demasiados.