Una de las propuestas estrella contra la corrupción del candidato de Unidos Podemos, Pablo Iglesias, es la de prohibir las puertas giratorias: a saber, impedir que ningún alto cargo del gobierno pueda —una vez concluya su actividad política— integrar el consejo de administración de una empresa que se halló bajo su potestad regulatoria.

Ciertamente, las puertas giratorias son un caso de corrupción en diferido: las empresas, en lugar de pagar mordidas al contado para que los gobernantes aprueben normas a su medida, les prometen un cómodo y buen remunerado puesto en sus consejos de administración. “Se privilegia hoy a ciertas empresas, se cobra mañana de las empresas por haberlas privilegiado”.

Los costes derivados de tal relación amorosa entre políticos y corporaciones no son en absoluto despreciables: un reciente estudio de los economistas García-Santana y Pijoan-Mas ha descubierto que buena parte del deterioro de la productividad de la economía española durante los últimos quince años se ha debido a esas infames relaciones clientelares entre las empresas y el Estado, hasta el punto de que nuestro PIB es —como poco— un 4% inferior del que podría haber sido en ausencia de tales élites extractivas. Por consiguiente, sí, las puertas giratorias —y todo el corporativismo parasitario que se construye a su alrededor— son un problema muy importante que debe ser atajado lo antes posible.

Sin embargo, la solución planteada por Iglesias a la lacra de las puertas giratorias dista de ser la adecuada: no resuelve el problema de fondo y, mucho peor, genera otros problemas acaso más importantes.

En cuanto a la inutilidad de la prohibición, conviene tener presente que las formas de burlar semejante restricción son abundantísimas: desde contratar a familiares para los consejos de administración al establecimiento de relaciones comerciales entre empresas pantalla (por ejemplo, un político crea una empresa que “vende” informes de consultoría a la corporación que ha privilegiado durante su etapa de gobierno o, todavía más indirectamente, a una sociedad participada por la corporación privilegiada). La única manera de que la prohibición fuera realmente efectiva sería inhabilitar a un ex político y a todo su entorno a desarrollar cualquier actividad profesional en el sector privado: algo que desincentivaría la entrada en política de cualquier persona mínimamente cualificada.

Y esto nos conduce al segundo gran problema de prohibir las puertas giratorias: imponer costes artificiales a ciudadanos bien formados que no quieren convertir la política en su única profesión vital. No todo político que, a su salida del cargo, pasa a integrar la plantilla de una empresa tiene que hacerlo debido a haberle concedido favores regulatorios. Algunos de ellos pueden, simplemente, regresar al mismo sector privado del que procedían antes de participar durante algunos años en política. Prohibir las puertas giratorias conduciría, en última instancia, a que sólo pudieran dedicarse a la política los empleados públicos: ésa puerta giratoria —del gobierno a la administración y de la administración al gobierno— es de hecho la única que nadie plantea restringir pese a ser la más extendida de todas (todo el gobierno del PP son registradores de la propiedad, abogados del Estado o técnicos comerciales del Estado; mientras que la plana mayor de Podemos son ex profesores de universidad).

Entonces, ¿cuál es la solución a la lacra de las puertas giratorias? Vaciarlas de contenido. Si una gran empresa soborna a un político es porque éste posee un enorme poder para otorgarle privilegios a través del BOE. Si, en cambio, nuestros mandatarios fueran despojados de esa potestad, perderían todo su atractivo para cualquier empresa. ¿Por qué no hay ex dirigentes del Partido Animalista, de la Falange o del Partido Carlista en los Consejos de Administración de las grandes compañías? Porque carecen de poder para entregarles prebendas o para asignarles castigos. Ese poder que, por el contrario, sí poseen los partidos gobernantes es el que debemos suprimir: si los políticos se quedan sin competencias para entrometerse en la vida de los españoles —sin competencias para repartir subvenciones, asignar inflados contratos públicos, otorgar licencias, regular las condiciones de prestación de servicios privados, etc.—, perderán todo su valor para las empresas. En cambio, si retienen tales competencias, seguirán siendo valiosos y terminarán encontrando mecanismos para monetizar ese valor.

Sí, acabemos con las puertas giratorias: no prohibiéndolas —medida totalmente ineficaz para ello— sino erradicando con los incentivos perversos que las motivan.