Imagine que, durante los años de vacas gordas, usted optó por endeudarse y que, llegadas las vacas flacas, devino incapaz de seguir atendiendo sus obligaciones financieras. ¿Le parecería correcto que su acreedor colgara carteles por toda España y contratara anuncios en la televisión exponiendo su nombre, su DNI y el importe de su deuda pendiente de pago? Apuesto a que no y, justamente por ello, el artículo 42 del reglamento de la Ley Orgánica de Protección de Datos prohíbe semejante comportamiento. Si una persona quiere informarse sobre la situación de morosidad de otro ciudadano, debe poseer un interés comercial legítimo en ello: por ejemplo, si me estoy planteando firmar un contrato a largo plazo y necesito conocer si va a poder afrontarlo, puede que sí requiera acceder a ese tipo de información.

Desde luego, serían defendibles ordenamientos jurídicos distintos: verbigracia, uno donde todo el mundo pudiera publicitar cualquier tipo d información sobre otra persona por muy lesiva que ésta sea de su privacidad. Sin embargo, en nuestro país no sucede así… salvo en un caso: cuando es el Estado quien trafica con esa información lesiva. Así, la publicación periódica de la lista de grandes morosos con Hacienda es un caso clamoroso de ese ataque a la privacidad de determinados ciudadanos: en concreto, de prácticamente todos aquellos que adeuden más de un millón de euros al Fisco.

A este respecto, muchos considerarán que la comparativa no es pertinente: no es lo mismo ser moroso por insolvencia sobrevenida que por fraude fiscal. Pero muchísimas de las personas físicas o jurídicas que aparecen en el listado de Hacienda no son defraudadores. Los deudores de mayor cuantía son, de hecho, empresas de la construcción venidas a menos, incapaces de atender sus deudas. A su vez, también nos encontramos con ciudadanos que están pleiteando ante los tribunales contra Hacienda porque ésta les ha liquidado una deuda fiscal abusiva y no acorde a derecho: pero mientras esa deuda no se suspenda, figurarán en la lista como morosos.

En definitiva, las listas negras de Montoro efectúan un uso torcido y populista de una información privada que el Estado debería cuidar con sumo celo (como lo hace con los historiales médicos) en lugar de airearla de manera sensacionalista para imponerles a los deudores costes reputacionales adicionales a los muchos que ya padecen (sanciones, intereses de demora, embargos…). La voracidad confiscadora del Estado no conoce límites.