Tras la reciente crisis económica, que comenzó en el 2008, los Gobiernos han visto disminuido notablemente el capital disponible para el desarrollo de programas de bienestar social. Por ello, durante los últimos años, han ido apareciendo diferentes vías de financiación alternativa, tales como los Social Impact Bond (en adelante, SIB), a través de los cuales, los Gobiernos podrán continuar poniendo en marcha proyectos que tengan como objetivo el bienestar social.

¿Pero qué es un SIB? Su origen se remonta a 2010 en el Reino Unido, cuando una organización sin ánimo de lucro llamada Social Finance, cerró un contrato con el Ministerio de Justicia para el desarrollo de un producto financiero que permitía bajar la tasa de reincidencia en la cárcel de Peterborugh. En otras palabras, es un bono que pagará los cupones a los inversores si, y solo si, se alcanzan los objetivos previamente fijados en el programa del proyecto. Dadas las características de estos bonos, las personas que decidan invertir en ellos, son inversores que buscan crear un impacto positivo en la Sociedad y al mismo tiempo pretenden satisfacer sus propias ambiciones caritativas.

Como los demás productos, también tienen su riesgo; pues los únicos que asumen una posición de riesgo son los inversores, ya que si no se cumplen los objetivos del programa (por ejemplo, que no bajara la tasa de reincidencia de la cárcel en un determinado lapso de tiempo), los inversores perderán todo el capital aportado.

Evidentemente no se trata de un producto diseñado para especuladores financieros, sin embargo, habrá ciertos inversores que decidirán invertir en estos instrumentos por la alta rentabilidad que pueden ofrecer (por ejemplo, el primer SIB que se desarrolló, permitía obtener una rentabilidad anual entre el 7’5% y el 13%).

El funcionamiento del SIB sigue la siguiente lógica:

En primer lugar, tenemos una organización sin ánimo de lucro que identifica un determinado problema que pueda afectar a la sociedad y después desarrolla un programa bien definido para resolverlo.

Una vez identificado el problema, se define el proyecto que va a presentarse al Gobierno. Una vez presentado, el Gobierno lo estudia y decidirá si comprometerse o no. Si acepta, se está comprometiendo a devolver el capital inicial más una rentabilidad si, y solo si, se logran los objetivos prefijados en el programa.

Una vez se ha sellado este compromiso de manera contractual, la Organización encargará de buscar a los potenciales inversores, para captar el capital necesario para poner en marcha el proyecto. El proyecto definirá exactamente quiénes serán sus destinatarios (por ejemplo, 300 niños entre 14 y 18 años de una localidad determinada). Una vez individuados los destinatarios, la organización sin ánimo de lucro elegirá proveedores especializados para poner en marcha las actividades que tengan como objetivo resolver el problema de los afectados. Para establecer si el programa está produciendo los efectos deseados, se designa un evaluador experto independiente que evaluará cuales son los efectos producidos en la muestra sometida al experimento SIB, tomando como base otra fracción de la sociedad con las mismas características que no haya sido sometida a tal programa.

Si efectivamente se van cumpliendo los objetivos, el experto independiente se lo comunicará al Gobierno y éste, deberá empezar pagar los cupones correspondientes a la sociedad sin ánimo de lucro que luego transferirá a los inversores. Llegado el vencimiento del proyecto y habiéndose cumplido los objetivos, el Gobierno devolverá toda la inversión aportada más el último cupón.

Con el uso de este tipo de productos financieros, el interviniente que resulta más beneficiado es, sin duda, el Gobierno. En primer lugar, con el uso de este tipo de bonos, se reduce la partida del gasto público. A saber, si pensamos en el ejemplo de un SIB cuyo objetivo sea el de reducir la tasa de reincidencia en la cárcel de una determinada localidad, y asumimos que dicha tasa va reduciéndose a lo largo del tiempo, esto es, que se están cumpliendo los objetivos del proyecto, el Gobierno, podrá ahorrarse el coste que le suponía el hecho de que un individuo volviera a la cárcel.

En segundo lugar, el Gobierno puede poner en marcha muchos proyectos sin asumir ningún coste inicial, y únicamente deberá hacer frente al pago de los cupones cuando se cumplan los objetivos establecidos en el proyecto, transfiriendo de este modo todo el riesgo del proyecto a los inversores.

Los SIB cuentan con apenas 6 años de vida y son un nuevo instrumento financiero dentro el contexto de la inversión social sostenible. La falta de liquidez y la inexistencia de un mercado secundario donde se pueda negociar este producto es una de sus limitaciones más importantes, junto con el desconocimiento de su existencia. Sin embargo, la falta de liquidez puede ser una ventaja si se analiza el problema desde el punto de vista puramente social, porque de esta manera, los inversores que solo se quieren beneficiar de la alta rentabilidad, o que únicamente quieren especular, no tendrán incentivos a invertir en esta tipología de productos.

Con esta técnica financiera, se combina el aspecto económico-financiero con el aspecto social, ya que con este producto se podrá financiar un proyecto de mejora social a cambio de una rentabilidad económica.

Hoy en día, el tema de la corrupción política es algo común y para la sociedad se ha convertido en algo demasiado frecuente, provocando el rechazo ab initio de cualquier “promesa” gubernamental.

Por tanto, el ciudadano medio siempre pensará que existe la posibilidad de que algún agente en este entramado pueda falsificar los resultados por tener algún tipo de conflicto de interés que provoque una desviación sobre los resultados esperados. Como bien se pueda intuir, el papel del evaluador independiente es fundamental para determinar si efectivamente el programa se ha llevado a cabo con éxito o por el contrario ha fracasado.

Para permitir el desarrollo eficiente de este nuevo producto financiero a nivel global, debería ser contratar otro interviniente, obviamente externo y elegido por la organización sin ánimo de lucro, que vigile de manera profesional el trabajo del evaluador independiente, con el objetivo de que la evaluación de los resultados quede más transparente y verdadera.

Otra medida que pueda permitir el buen funcionamiento de los SIB, podría ser crear programas donde los objetivos están previamente fijados en rangos, por ejemplo, donde el objetivo final del proyecto sea bajar la tasa de reincidencia en la cárcel desde un 5% hasta un 10% y pagando los intereses proporcionados según los objetivos que se alcancen. En este sentido, los inversores recibirán unos cupones más grandes según la disminución de la tasa que se logre cada año, o sea a mayor bajada y mayor impacto positivo en la sociedad, mayor rentabilidad y al revés, si la tasa debería bajar solo el mínimo previsto en el rango, los inversores percibirán la rentabilidad mínima pactada en el programa. 

Los pocos años de vida del producto no han permitido de establecer un esquema fijo que todos pudieran utilizar y por esto, todas las organizaciones que proponen un SIB al propio gobierno tienen características distintas. La estandarización de producto podría ser una buena medida que permitiría el desarrollo de este producto en otros países.

Para determinar exactamente cuáles son los efectos y los beneficios reales que pueden derivar del uso de este tipo de productos hay que mirar al largo plazo. Por tanto, el desarrollo de los SIB representa óptima posibilidad para que los gobiernos puedan resolver de raíz aquellos problemas sociales que habitualmente han sido relegados a un segundo plano, por afectar a minorías sin poder de decisión.

Creo que los SIB son vehículos interesantes para poner las finanzas al servicio de la economía real, cosa que tras de esta crisis económica nos hemos olvidado de poner las finanzas al servicio de la sociedad.

Luca Floris, analista de 3Mbolsa.com

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