Tras la crisis económica de 2012 que estuvo a punto de arrastrar a la quiebra a países como España o Italia y que incluso llegó a amenazar la misma subsistencia del euro, la estabilidad financiera de Europa parecía garantizada: los gobiernos de Grecia, Irlanda o España acababan de recapitalizar a su banca a costa de los contribuyentes y el Banco Central Europeo había abierto el grifo del crédito para facilitar la renovación a bajo coste de todas las deudas de la Eurozona.

Sin embargo, durante los últimos meses las preocupaciones sobre la viabilidad del sistema financiero europeo han vuelto a emerger, especialmente en Italia. Desde 2008, el muy fragmentado sistema bancario italiano acumula créditos morosos por importe de 360.000 millones de euros: un importe al equivalente al 25% del PIB y al 17% de todos los créditos del sistema financiero italiano. Recordemos que la banca española requirió de un rescate cuando alcanzó tasas de morosidad reales del 15%. De hecho, el tercer mayor banco transalpino, el Monte del Paschi, acumula una del 35%. Evidentemente, pues, la situación financiera de Italia no es sostenible por más tiempo.

Pero los miedos no quedan restringidos a la banca italiana: el sistema financiero europeo está interconectado y la exposición a Italia de las entidades de crédito de otros países del Viejo Continente es elevada. Los bancos españoles poseen 44.000 millones de euros en inversiones italianas, los bancos alemanes, 84.000 millones y, sobre todo, la banca francesa, con 250.000 millones de euros. Las pérdidas potenciales son enormes así como sus repercusiones sobre la estabilidad del conjunto de la economía europea. El Deutsche Bank, el mayor banco alemán al que recientemente el FMI calificó como “el mayor catalizador de riesgos sistémicos globales”, ya ha solicitado una inyección de capital público de 150.000 millones de euros para la banca continental, acaso porque él mismo se halla expuesto en 12.000 millones de euros a Italia.

Sucede que las más recientes normativas europeas a propósito de la resolución bancaria prohíben destinar dinero de los contribuyentes a salvar a los bancos si con anterioridad no se han impuesto pérdidas sobre los accionistas y los acreedores de esas entidades financieras. Dicho de otra manera, quien debe cargar inicialmente con el agujero financiero de un banco han de ser aquellos inversores que contribuyeron a generarlo por prestarle su capital. En consecuencia, los 150.000 millones de euros que Deutsche Bank cree imprescindible incorporar a la banca europea deberían salir de imputar pérdidas a los inversores.

Problema: a la hora de la verdad, los políticos suelen ser reacios a trasladarles esas pérdidas a sus ciudadanos, esto es, a sus votantes. Por ejemplo, Matteo Renzi está capitaneando la oposición dentro de la Unión Europea a imponer quitas a los acreedores de la banca: alrededor de 200.000 millones de euros en deuda de entidades financieras italianas se halla en manos de inversores particulares, de manera que imponerles pérdidas podría generar cierto grado de oposición social (similar a lo que tuvo lugar en España con las participaciones preferentes).

Pero no deberían ser los políticos quienes decidieran la modalidad de evitar la bancarrota de un sistema financiero, pues no son ellos los que están tomando tales decisiones con su dinero. Deberían ser los contribuyentes quienes, esta vez sí, se plantaran ante la masiva socialización de pérdidas que de nuevo están planificando nuestros mandatarios. En esta ocasión, no deberíamos dejarnos esquilar: incluso la ley nos da la razón.

Las causas del agujero

¿Cómo es posible que la banca italiana haya acumulado una morosidad de 360.000 millones de euros desde 2008? A diferencia de lo que acaeció con las entidades financieras españolas o irlandesas, el agujero italiano no se debe a ninguna burbuja de crédito barato que degenerara a su vez en una burbuja de activos: Italia no ha experimentado en los últimos quince años ningún auge exorbitante de la financiación para sus familias y su empresas; mucho menos, una inflación en el precio de sus inmuebles o acciones. ¿Por qué entonces semejante morosidad? La explicación es más primitiva: la economía transalpina lleva dos décadas estancada (la renta per cápita real apenas se ha incrementado un 0,3% cada año) debido a la ausencia de reformas liberalizadoras que dinamicen el país. Como resultado, muchos proyectos personales o empresariales han fracasado (especialmente al arrancar la crisis) y ello ha multiplicado el número de préstamos morosos. A largo plazo, pues, el auténtico rescate de la banca italiana debe pasar por abrir y revigorizar su economía.

La responsabilidad del BCE

Al Banco Central Europeo se le atribuye la responsabilidad de haber salvado a la Eurozona a partir de julio de 2012, fecha en la que Mario Draghi declaró estar dispuesto a “hacer todo lo necesario para salvar el euro”. Y es cierto que la moderación de las primas de riesgo y la reducción de la enorme incertidumbre que pesaba sobre los bancos europeos a partir de entonces estuvo en gran medida motivado por las promesas del BCE. Pero, entre tantos aplausos, no deberíamos olvidar la responsabilidad del BCE a la hora de magnificar el actual agujero financiero de los bancos: y es que, desde 2014, este monopolio monetario impuso a las entidades financieras continentales unos tipos de interés negativos en función de los cuales deben pagar por sus depósitos de tesorería en el BCE. Estas tasas negativas se estima que acarrearán unos costes anuales extraordinarios de 5.000 millones de euros sobre unos bancos ya de por sí muy debilitados: lo que ha hecho el BCE es echarle más leña al fuego.

La carambola del Brexit

Aun cuando deberían ser los inversores en los bancos italianos los que asumieran sus pérdidas, todo apunta a que la Unión Europea finalmente autorizará al gobierno de Renzi a rescatarlos con fondos públicos por una razón aparentemente inconexa: el Brexit. Tras el referéndum británico contra la permanencia de Reino Unido en la UE, los eurócratas no pueden permitirse un auge del euroescepticismo en otras partes del Continente y todo apunta a que imputar pérdidas a familias y empresas italianas podría aumentar los apoyos al Movimiento 5 Estrellas de Beppe Grillo, el cual propone no sólo un referéndum para salir de la UE sino también del euro. Renzi está aprovechando esta amenazante perspectiva para presionar a los líderes europeos con que le permitan saltarse la legislación comunitaria y rescatar a sus bancos a costa de los contribuyentes. Como ya hemos explicado, no deberían: ello sólo sembraría pésimos incentivos económicos e institucionales para volver a saltarse las normas más adelante.