España no fue finalmente sancionada por incumplir sistemáticamente el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. El comisario europeo de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, justificaba recientemente la decisión de la Comisión en una entrevista en El País: a su entender, una multa habría generado un sentimiento antieuropeo en una sociedad que, como la española, ya ha hecho esfuerzos muy considerables en medio de una crisis terrible. Tres, pues, parecen haber sido las razones que nos han salvado del castigo que a buen seguro merecíamos: frenar el antieuropeísmo, reconocer los ajustes ya efectuados y no lastrar la recuperación. Tres argumentos a cada cual más débil.

Primero, es cierto que una sanción podría haber alimentado en España el rechazo social a la Unión Europea, pero la ausencia de sanción inevitablemente lo estimulará en el norte de Europay, muy en especial, dentro de Alemania. A la postre, Alemania renunció al marco y se integró en el euro a cambio de unas condiciones muy claras: el Banco Central Europeo se comportaría con la disciplina del Bundesbank y, para que tal meta fuera realista, los gobiernos europeos renunciaban a hiperendeudarse (Pacto de Estabilidad y Crecimiento) con la desleal expectativa de que la entidad emisora acudiera al rescate de su deuda. Hasta la fecha, sin embargo, ninguna de estas condiciones se ha cumplido: la crisis de deuda europea fruto de la indisciplina presupuestaria del Sur ha conducido al BCE a avalar las obligaciones de los Tesoros español o italiano y a efectuar compras masivas de sus títulos de deuda. Y, al parecer, no existe ni propósito de enmienda ni de reprobación.

Segundo, es verdad que España ha practicado importantes ajustes en su déficit, hasta el punto de lograr reducir su desequilibrio presupuestario estructural desde el 9,2% del PIB en 2009 al 3,1% en 2015, pero este argumento es tramposo: el ajuste ha sido grande porque el desajusteprevio era enorme; la mitad de ese ajuste estructural se ha cargado sobre las espaldas de los contribuyentes y no sobre las de un sobredimensionado sector público; y, para más inri, la corrección del déficit estructural se ha paralizado por entero desde 2013, hasta el punto de haberse revertido: en 2013, nuestro desajuste estructural equivalía al 2,4% del PIB… hoy al ya mencionado 3,1%.

Y tercero, el argumento de que los recortes del gasto público amplifican a corto plazo la crisis puede tener cierto peso durante las recesiones, pero no en épocas de crecimientos por encima del 3%. Y eso es justamente lo ridículo: España hizo la totalidad de su ajuste estructural durante la recesión y no se ha ajustado en absoluto durante la fase de expansión.

En definitiva, España sí debió ser sancionada por saltarse a la torera el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Los malos argumentos de Moscovici para justificar su negligencia a la hora de aplicar la normativa comunitaria tan sólo ponen de manifiesto que no auténticas existen razones técnicas para exculpar a nuestro país: ha sido todo un vergonzoso enjuague político.