El Ayuntamiento de Barcelona de Ada Colau ha desatado una ofensiva sin cuartel contra los pisos turísticos “ilegales”, esto es, contra aquellos propietarios que no cuentan con el plácet arbitrario del consistorio para arrendar durante el período vacacional sus inmuebles. Sin embargo, semejante embestida municipal contradice en cuatro ámbitos el discurso oficial de Barcelona en Comú.

Primero, Barcelona En Comú siempre se ha opuesto a la existencia de pisos vacíos, llegando a proponer que se los penalice con tasas municipales: así pues, resulta incoherente, por un lado, castigar la no ocupación de los inmuebles y, por otro, obstaculizar regulatoriamente su ocupación (vacacional). Segundo, Barcelona En Comú siempre ha hecho gala de aspirar a una ciudad abierta y acogedora hacia extranjeros e inmigrantes: así pues, resulta incoherente, por un lado, presumir de cosmopolitismo y, por otro, limitar artificialmente la llegada de nuevos turistas bloqueando el alquiler de pisos. Tercero, Barcelona en Comú siempre ha dicho estar del lado de los pequeños comerciantes y emprendedores frente a los privilegios extractivos que detentan las grandes empresas merced a su cercanía a los poderes públicos: así pues, resulta incoherente, por un lado, defender a los pequeños empresarios del avasallamiento institucional de los grandes y, por otro, erigir administrativamente barreras de entrada en el sector hostelero para, al final, blindar a los emporios hoteleros ya establecidos en la ciudad frente a la potencial competencia empresarial de los humildes propietarios de apartamentos vacacionales. Y cuarto, Barcelona en Comú, por boca de su lideresa, ha promovido el derecho ciudadano a saltarse aquellas leyes que éticamente se reputen injustas: así pues, resulta incoherente, por un lado, propagar la legitimidad de la desobediencia cívica y, por otro, perseguir implacablemente —incluso solicitando a los barceloneses que denuncien a sus vecinos incumplidores— a aquellas personas que se rebelan contra la ilícita limitación de su derecho de propiedad por parte del Ayuntamiento.

Ciertamente, la afluencia masiva de turistas puede llegar a generar problemas sobre la población autóctona, pero la forma sensata y tolerante de afrontar tales problemas no pasa por la simplista ocurrencia liberticida de cortarles la cabeza a todos los propietarios de apartamentos vacacionales en una urbe con más de millón y medio de habitantes. A la hora de la verdad, parece que Ada Colau opta por anteponer los intereses y los privilegios del lobby hotelero local a su coherencia ideológica. Barcelona bien vale una regalía mercantilista.