España lleva nueve meses sin gobierno y, de momento, no parece que le haya ido mal: el primer semestre de este año ha sido el mejor de toda la crisis económica (el mayor ritmo de crecimiento y de creación de empleo desde 2008). Sin embargo, es verdad que como ayer manifestó Rajoy “la situación puede cambiar”: si uno examina de cerca el comportamiento del PIB durante el segundo trimestre, comprobará que la inversión privada comienza a desacelerarse a un ritmo, como poco, inquietante: su ritmo de expansión fue el menor en los dos últimos años y medio.

 

Es difícil conocer todavía a qué se debe este progresivo estancamiento del ritmo de inversión, aunque de persistir en el tiempo no es complicado anticipar sus implicaciones: la inversión es el motor del crecimiento económico a largo plazo; si se paraliza, el crecimiento —y nuestro muy necesario cambio de modelo productivo— también lo hará.

 

Y, ciertamente, una hipótesis verosímil de por qué se está frenando la inversión es la tan afamada “incertidumbre política”: a saber, las dudas sobre quién y con qué principios gobernará España durante los próximos años. Otra hipótesis, igualmente relevante, es que el patrón actual de crecimiento de nuestro país (basado en el rebote desde lo más hondo de la crisis auxiliado por los famosos “vientos de cola”) pueda estar tocando a su fin a falta de mayores reformas estructurales que permitan la generación de nuevos modelos de negocio hoy penalizados por el exceso de regulación y de fiscalidad. Es cierto que hemos pasado de “la parálisis económica a un modelo más sólido”, pero esa solidez todavía es relativa: dista de abarcar al conjunto de la economía y de ser irreversible.

 

Ya sea una razón u otra, contar con un gobierno sería potencialmente ventajoso para la economía española: primero, un Ejecutivo estable —y previsible— que explicite cuáles serán sus principios de actuación proporcionaría certidumbre institucional a la inversión; segundo, un Ejecutivo con margen de maniobra parlamentario dedicado a, por un lado, cumplir con nuestros compromisos con Bruselas (elaborar los presupuestos de 2017 con las miras puestas en reducir de verdad el déricit) y, por otro, impulsar una agenda reformista que abriera nuevas oportunidades económicas dentro de nuestro país proporcionaría nuevos estímulos a esa inversión (Rajoy justamente apeló a mejorar la eficiencia del mercado de bienes, servicios e impulsar la empresarialidad o reformar la educación para adaptarla al siglo XXI). De hecho, si se conjugaran ambos enfoques —previsibilidad en la liberalización económica a medio plazo— a buen seguro nuestra economía saldría beneficiada con nuevos bríos expansivos.

 

Sin embargo, tengamos presente que un eventual nuevo gobierno en España no contaría probablemente con ninguna de esas características. Primero, el acuerdo PP-Ciudadanos contiene una preocupante falta de ambición liberalizadora: se trata de un pacto dirigido a garantizar el sistema institucional tal cual existe hoy en lugar de a reformarlo en la dirección de una mayor libertad económica (ni menos regulaciones, ni menos impuestos, ni mayor libertad educativa). Segundo, aun cuando Rajoy termine saliendo investido presidente, no parece que vaya a contar con una mayoría parlamentaria sólida como para aprobar cambios de calado. Ni voluntad, ni oportunidad.

 

Por ello, el único beneficio que de verdad aportaría un nuevo Ejecutivo frente a la provisionalidad actual sería actuar como un tapón frente a otras opciones gubernamentales netamente peores: esto es, frente al mentado “gobierno de mil colores, radical e ineficaz”. Y es que, aun cuando el acuerdo PP-Ciudadanos no sea para echar cohetes, tampoco constituye una catástrofe que vaya a ahuyentar a ningún inversor. En cambio, el programa de máximos de otras formaciones, y muy en particular de Unidos Podemos, sí representa una amenaza desestabilizadora en el horizonte (una amenaza que, gracias a la aritmética parlamentaria, es a día de hoy mucho menos fiera que hace unos meses).

 

Dicho de otra forma, en las condiciones actuales, y con el poco ambicioso acuerdo PP-Ciudadanos encima de la mesa, la mayor contribución en favor del crecimiento económico que podría efectuar la investidura de un nuevo gobierno sería la de despejar cualquier posibilidad a medio plazo de que se constituya un Ejecutivo de izquierdas inspirado en el populismo de Podemos. No es poco para una economía como la española, pero deberíamos aspirar a mucho más.