España incumplió su compromiso de déficit en 2015. Bruselas no nos sancionó a cambio de que, ahora sí, nos ajustáramos a la nueva senda propuesta para reequilibrar las cuentas públicas: pasar del 5% del PIB en 2015, al 4,6% en 2016 y al 3,1% en 2017. El objetivo para el presente año no debería ser difícil de alcanzar, pues basta con calcar el gasto y la recaudación del año anterior evitando el reembolso de la paga extra a los empleados públicos (un desembolso que no volverá a efectuarse en 2016 y nos ahorrará cerca del 0,4% del PIB). Distinto es el caso de 2017, ejercicio para el que necesitaremos un ajuste superior a los 15.000 millones de euros: el segundo mayor tijeretazo de la crisis después del de 2012 y a la altura del aprobado por Zapatero en el año 2010 (con congelación de las pensiones y recorte salarial a los empleados públicos).

Es evidente que la magnitud de esta cifra despierte las dudas sobre nuestra capacidad para alcanzarla. Precisamente por ello, la Comisión Europea reclama a España que el próximo 15 de octubre presente un proyecto de presupuesto para 2017 que contenga el conjunto de medidas necesarias para garantizar un ajuste de más de 15.000 millones de euros. El Gobierno, sin embargo, acaba de anunciar lo que ya era un secreto a voces tras el fracaso de la investidura de Rajoy: no será posible remitir unos nuevos presupuestos en apenas mes y medio, de manera que optará por entregar una versión prorrogada de los existentes junto con algunas medidas conducentes a subsanar el agujero (en esencial, el incremento de los pagos fraccionados en el Impuesto de Sociedades para adelantar la recaudación fiscal correspondiente al año 2018).

Desde la Comisión Europea, sin embargo, insisten en que el Gobierno no debe presentar losmismos presupuestos que en 2016 con apenas unos parches que enderecen muy parcialmente el problema, sino que debe elaborar unas nuevas cuentas públicas que reflejen la nueva realidad económica de España (cuando se elaboraron los presupuestos de 2016 ni se conocía que nuestro país había incumplido el déficit ni, sobre todo, que se hallaba bajo la supervisión estricta de Bruselas). O dicho de otra manera, desde la Unión Europea no confían en que nuestro país vaya a ser capaz de alcanzar un déficit equivalente al 3,1% del PIB tan sólo adelantando los cobros del Impuesto de Sociedades.

Y razón no les falta: la reforma del Impuesto de Sociedades —que, si bien formalmente sólo es un anticipo de recaudación futura, en la práctica actúa como una subida que tensiona la tesorería de las empresas— proporcionará en el mejor de los casos 6.000 millones de euros; los ingresos por el resto de tributos probablemente se incrementen en torno a 6.000 ó 7.000 millones de euros. Faltarían, pues, unos 3.000 millones de ajustes en el muy optimista supuesto de que los gastos no aumentaran: pero para que los gastos no se incrementen deberíamos, entre otras medidas, congelar las pensiones y el salario de los empleados públicos; mantener la actual suspensión de todas las partidas no comprometidos dentro del presupuesto; congelar el gasto en infraestructuras; y supervisar que las autonomías hagan lo propio. Y ni siquiera con todas esas decisiones, muchas de las cuales no serán adoptadas por el Gobierno, tendríamos seguro el cumplir. Lo más probable, pues, es que rebasemos nuevamente nuestros límites de déficit. Bruselas lo sabe y por eso se niega a aceptar una tramposa prórroga.