La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, no aprovechó su primer debate sobre el estado de la región para anunciar rebajas de impuestos o liberalizaciones regulatorias, sino para prometer más gasto público: el reparto de una nueva subvención de 450 euros mensuales durante un semestre a aquellos autónomos que cesen en su actividad o durante año y medio si vuelven a emprender; la creación de otra burocracia denominada Oficina del Empleador de la Comunidad de Madrid; la elaboración de una “carta de derechos sociales” que explicite qué puede reclamarle cada madrileño a la Administración (a costa del dinero de ese y de otros madrileños), y, por último, la emisión de “bonos sociales” con los que financiar muchas más de estas y otras partidas requetesociales.

No es difícil observar cómo el adjetivo ‘social’ se ha terminado convirtiendo en la excusa perfecta de todos los políticos para multiplicar el gasto y la burocracia estatal. Algo, por cierto, en lo que la Comunidad de Madrid de Cristina Cifuentes ya posee cierta experiencia. Los Presupuestos de 2016 fueron los que más expandieron el gasto desde que arrancaran oficialmente las políticas de ‘austeridad’: sustrayendo el pago de intereses de la deuda (rúbrica heredada y sobre la que no puede legislar), el gasto presupuestado creció un 3,8%, el doble que en 2015.

De hecho, la Comunidad de Madrid fue la sexta autonomía que más incrementó sus gastos no financieros en los Presupuestos de 2016 (por encima de, por ejemplo, comunidades tan de progreso y de cambio como la de Valencia). Mas, ¿cómo oponerse al desparrame de desembolsos estatales si estos van acompañados del marchamo de lo ‘social’? Imposible: rechazar lo ‘social’ lo coloca a uno en el lado de lo ‘antisocial’. ¿Y quién querría señalizarse como individuo antisocial? Nadie. De ahí que, si un político quiere gastar más a costa de extraer más rentas de sus ciudadanos, solo necesita revestir sus actividades del adjetivo ‘social’.

Tomemos el caso probablemente más disparatado de todos: los “bonos sociales” anunciados por Cifuentes. Un bono social no es más que deuda pública de la Comunidad de Madrid: esto es, cuando la presidenta saca pecho por emitir bonos sociales, en realidad está sacando pecho por endeudar (todavía más) a los madrileños. Eso sí, en esta ocasión, ese antisocial endeudamiento de las generaciones presentes y futuras de madrileños parece estar justificado por cuanto se realiza con propósitos ‘sociales’. ¿Les suena este discurso? Sí, es el reverso de la famosa “deuda odiosa” que Podemos populistamente proponía impagar: la deuda odiosa son pasivos estatales empleados para financiar gastos contrarios a los intereses del pueblo, esto es, son bonos ‘antisociales’. Lo mismo que la nueva deuda de Cifuentes, pero visto desde otro ángulo.

A la hora de la verdad, tan manipulador resulta hablar de “bonos odiosos” como de “bonos sociales”: el dinero es un bien fungible cuyas unidades son perfectamente sustituibles e indistinguibles entre sí. Del mismo modo que resulta imposible imputar ciertos gastos antisociales a ciertas emisiones particulares de deuda (y, por eso, las auditorías de deuda son un camelo propagandístico dirigido a impagar de manera arbitraria parte de la deuda pública), también resulta imposible imputar gastos sociales concretos a emisiones particulares de ‘bonos sociales’.

Por ejemplo: supongamos que, en un momento dado, Cifuentes recauda 10.000 millones de euros en impuestos y los destina a pagar la Sanidad madrileña; pero imaginemos que, en el siguiente Presupuesto, la presidenta desea gastarse otros 10.000 millones en construir nuevas líneas de metro (gasto que, entiendo, no se considerará ‘social’). ¿Cómo hacerlo? Basta con que deje de pagar la Sanidad a partir de los impuestos, que efectúe una emisión de 10.000 millones de euros en ‘bonos sociales’, que destine esa financiación a pagar la Sanidad y que la recaudación tributaria de 10.000 millones de euros la utilice para las obras de metro. Dicho de otro modo, los bonos sociales amplían la capacidad agregada de gasto de la Comunidad de Madrid, y esa mayor capacidad agregada de gasto puede utilizarse para fines sociales o no sociales.

En suma, lo ‘social’ en boca de los políticos se traduce en impuestos: ya sean impuestos presentes o, en el caso de la ‘deuda social’, impuestos futuros. Y pocas cosas hay más antisociales que los impuestos: es decir, arrebatarle a cada persona el fruto de su trabajo, de su esfuerzo y de su creatividad para que una burocracia elitista lo gestione sin su consentimiento.

Pero ¿por qué no probar otro enfoque? ¿Qué tal si empezamos a denominar ‘social’ no a cebar el Presupuesto público sino a devolvérselo a los madrileños en forma de menor gasto, menor deuda y menores impuestos? ¿Qué tal si, en lugar de continuar multiplicando los subsidios estatales para todos aquellos que se caen, comenzamos por que las administraciones dejen de ponerles la zancadilla? La mejor política social no es la de acrecentar el gasto público conservando sin apenas cambios relevantes la vampirizadora carga fiscal y la paralizante regulación estatal. No: la mejor política social consiste en bajar enérgicamente los impuestos y enliberalizar la economía para que los innovadores proyectos empresariales generadores de riqueza no dependan del capricho y de los intereses espurios de burócratas, funcionarios y gobernantes varios.

Por desgracia, parece que Cifuentes prefiere utilizar el adjetivo social como sinónimo de impuestos, gasto, deuda, burocracia y regulación antes que como sinónimo de libertad, voluntariedad, empresa o ausencia de barreras políticas de entrada. Por eso, conviene que rasguemos el velo de la propaganda partidista y escudriñemos cuáles son los principios que verdaderamente hay detrás de ella. Lo ‘social’ en boca de los políticos puede ser, en realidad, el caballo de Troya de lo antisocial.