Entre junio de 2015 y junio de 2016, el Ayuntamiento de Madrid redujo su endeudamiento en 1.074 millones de euros: la mayor amortización de deuda de todos los municipios españoles y un auténtico alivio para las finanzas públicas del consistorio. Como es obvio, Ahora Madrid se ha colgado con rapidez la medalla de este éxito: pese a que presuntamente iban a descalabrar las finanzas municipales, están logrando sanearlas a ritmos impensables. El “cambio” en la capital de España ha obrado milagros: por un lado se han revertido todos los recortes recuperándose así la calidad de los servicios municipales y, por otro, se ha amasado un superávit presupuestario lo suficientemente cuantioso como para repagar la deuda. Una gestión excelente.

La realidad, sin embargo, se ajusta bastante menos a la propaganda política de Ahora Madrid. En primer lugar, porque la amortización de deuda, siendo muy notable, ha sido inferior a otros períodos comparables; segundo porque, según ellos mismos reconocen, los servicios públicos en la capital de España continúan exhibiendo una calidad deficiente. En suma, ni se ha amortizado más deuda ni se han revertido los recortes.

En cuanto al primer punto, sólo tenemos que comparar la reducción de los pasivos municipales entre junio de 2014 y junio de 2015 con su minoración entre junio de 2015 y junio de 2016. Así, en el segundo semestre de 2014 y el primero de 2015 (etapa de Ana Botella), la deuda del Ayuntamiento se contrajo en 1.286 millones; en cambio, en el segundo semestre de 2015 y el primero de 2016 (etapa Carmena), la deuda cayó en 1.074 millones. Si los resultados de Ahora Madrid fueron tan espectaculares, entonces habría que calificar a los de Botella de mucho más espectaculares.

En realidad, ni una cosa ni la otra. Las dos mandatarias tuvieron que acumular un cuantioso superávit presupuestario no por devoción ideológica a la austeridad, sino por imposición coactiva del Ministerio de Hacienda a través de su “regla de gasto”. Esta regla impide que las administraciones públicas incrementen sus desembolsos por encima del crecimiento del PIB a medio plazo (actualmente, el 1,8% anual): por tanto, ninguna de ambas contaba con autorización para dilapidar los muy elevados ingresos municipales de la capital, debiendo destinarlos a pagar la deuda de manera anticipada.

Sucede que Ahora Madrid se niega a seguir respetando esta regla de gasto a partir de 2016 y de 2017. En su Plan Económico-Financiero aprobado a mediados de este ejercicio, podemos leer con claridad que rechazan continuar sometidos al control del gasto público impuesto por Montoro, pues ello sólo “mantendría el actual déficit de servicios públicos de todo tipo: asistenciales, educativos, culturales y deportivos, así como una baja calidad de los servicios mínimos esenciales que el municipio debe asumir, como son limpieza viaria, recogida de basuras, mantenimiento de vías públicas, etc.”. Es decir, en contra del argumentario oficial, Carmena no ha reducido la deuda pública elevando la calidad de los servicios municipales sino, según la propia confesión de Ahora Madrid, manteniéndolos en el pésimo estado en el que se los encontraron. Hasta la fecha, continuismo cuasi absoluto con la etapa Botella en las actuaciones presupuestarias y en sus resultados.

Cuestión distinta es lo que suceda durante los próximos trimestres. Entre 2016 y 2017, la deuda municipal debería reducirse en 2.200 millones de euros: de momento sólo lo ha hecho en 200 y Ahora Madrid, en el ya mentado Plan Económico-Financiero, amenaza con hacerlo sólo en 1.300. ¿La razón? Que, esta vez sí, quieren incrementar el gasto público en 1.000 millones de euros al año. Si Hacienda no se lo impide, será entonces cuando comprobaremos que más gasto público es más deuda o, al menos, mucha menos reducción de deuda.

Deuda pública en el 100,5% del PIB

Y mientras la deuda del Ayuntamiento de Madrid continúa reduciéndose gracias a la limitación del gasto impuesta por Hacienda, los pasivos del conjunto de las Administraciones Públicas prosiguen su senda ascendente. El Banco de España certificó esta semana que, al cierre del segundo trimestre de 2016, la deuda pública equivalía al 100,5% del PIB. En julio, afortunadamente, cayó hasta el 100,1%, pero se trata de un muy escaso consuelo: en lo que llevamos de año, las obligaciones financieras del Estado español ya han aumentado en 27.000 millones de euros, cifra que se suma a los 330.000 en que creció durante la primera legislatura de Rajoy. España no debería estar a estas alturas de la recuperación con un déficit público tan exorbitado: debemos dejar de hipotecar el futuro de las generaciones venideras y para ello resulta imprescindible recortar de una vez los gastos. Por desgracia, el Gobierno parece empeñado en aumentar las pensiones y los sueldos de los empleados públicos en 2017: así será muy complicado enderezar las cuentas del Estado.

Portugal, ¿al borde de otro rescate?

Los rumores sobre un posible segundo rescate del Estado luso siguen incrementándose: esta última semana fue el banco alemán Commerzbank quien advirtió sobre este no tan improbable escenario futuro. Desde que a finales de 2015 el “gobierno del cambio” tomara las riendas de la economía portuguesa y optara por oponerse a las directrices de austeridad dictadas por Bruselas, la prima de riesgo del país no ha dejado de incrementarse. En la actualidad, sólo una agencia de rating, DBRS, mantiene la deuda lusa fuera del rango de “bono basura”: sin embargo, si el crecimiento económico continuara deteriorándose y el endeudamiento incrementándose, DBRS podría terminar cambiando de opinión. En tal caso, el BCE dejaría de poder adquirir bonos portugueses (dado que no puede comprar deuda calificada como “basura”) y el Estado luso perdería su acceso a los mercados financieros, precipitando el segundo rescate. Renunciar a la austeridad y a la liberalización económica aboca a un país al desastre: España no debería emular a su vecino.

La UE ahuyenta la inversión

Los consejeros delegados de 185 grandes empresas estadounidenses, reunidas en torno a la organización Business Roundtable, remitieron recientemente una misiva a Angela Merkel y al resto de líderes europeos alertándoles de que la sanción de 13.000 millones de euros impuesta a Apple por la falsa acusación de incumplir sus obligaciones tributarias en Irlanda sólo contribuirá a incrementar la incertidumbre regulatoria dentro de Europa y, en consecuencia, a reducir la entrada de inversiones internacionales al Viejo Continente. Acaso muchos juzguen que la carta de estas 185 grandes empresas constituye una amenaza contra la soberanía económica de Europa: en realidad, no es más de un recordatorio de lo que inevitablemente sucederá. Bruselas ha retorcido la legislación comunitaria para sancionar arbitraria y retroactivamente a Apple con una disparatada multa de 13.000 millones de euros: es de sentido común que semejante abuso de poder no ayudará a atraer capitales a Europa sino a repelerlos. La forma de incentivar la inversión no es penalizándola y parasitándola.