El sistema económico capitalista recompensa enormemente a aquellos empresarios que detectan necesidades insatisfechas y les proporcionan una solución eficiente. Pero, a su vez, también castiga con grandes quebrantos a aquellos que emprenden y dan un uso ineficiente a los recursos empleados. En el capitalismo, los beneficios se privatizan… y las pérdidas también lo hacen.

Occidente en general, y España en particular, lleva décadas alejándose del capitalismo liberal o, como poco, pervirtiéndolo. En ciertas industrias bien conectadas con el poder político, la lógica imperante no es la de privatizar ganancias y pérdidas, sino la de privatizar los beneficios y socializar las pérdidas. Célebre es el caso de aquellas entidades financieras que son “demasiado grandes para quebrar”, pero la desvergüenza no es única: en el sector de la construcción también impera esta misma perversa lógica a través de la figura de la “responsabilidad patrimonial de la administración”.

Así las cosas, el Ministerio de Fomento podría terminar rescatando en los próximos meses a las constructoras y administradoras de casi una decena de autopistas. El próximo 1 de octubre, de hecho, podría asumir la gestión de las radiales quebradas R-3 y R-5, indemnizando con varios cientos de millones de euros a empresas como Abertis, ACS, Sacyr o Bankia. Las razones que han conducido a la insolvencia de estas autopistas son escasamente poco relevantes: es verdad que el Estado ha practicado una cierta competencia desleal construyendo vías públicas gratuitas, agravando con ello los efectos de la crisis sobre el tráfico. Pero lo único importante en este asunto es que las empresas deberían hacerse cargo íntegramente las pérdidas que se deriven de los riesgos que voluntariamente han decidido asumir. No son los contribuyentes quienes deben pagar, sino los accionistas y acreedores de esos proyectos fallidos.

Así, ¿qué deberíamos hacer a partir de ahora? Primero, el Estado no debe arrogarse la gestión de las radiales para no activar la responsabilidad patrimonial de la administración. Segundo, las radiales deben ser liquidadas y enajenadas al mejor postor: como sucede con cualquier quiebra empresarial, sus activos deben venderse a quien puje por ellos por muy bajo que sea el precio de adjudicación (para que así sea capaz de rentabilizarlos). Tercero, suprimir a partir de ahora la figura de la responsabilidad patrimonial de la administración como resultado de la insolvencia sobrevenida.

Las autopistas no deben ser rescatadas. Socializar hoy sus pérdidas no sólo castigaría injustamente a los contribuyentes, sino que sentaría las bases para mayores abusos empresariales futuros.