El PP finalmente ha cumplido su amenaza e incrementará los pagos fraccionados del Impuesto de Sociedades para intentar cuadrar las cuentas que él mismo descuadró con su populismo fiscal pre-electoral. Hasta aquí ninguna novedad: el PP lleva en su ADN ideológico machacar a impuestos a familias y empresas para mantener a flote un Estado hipertrofiado, clientelar y corrupto; y, además, ya había alertado de que el próximo rejonazo impositivo recaería sobre las empresas. Pero, por desgracia, sí ha habido novedades con respecto al guion inicialmente anunciado: y, como siempre sucede con los populares, las novedades son para mal.

Recordemos que, mediante Real Decreto 20/2012, el PP estableció con carácter extraordinario para los años 2013, 2014 y 2015 un importe mínimo en los pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades equivalente al 12% del resultado contable de las empresas con unos ingresos anuales superiores a los 20 millones de euros. Es decir, las compañías con un volumen de negocios de más de 20 millones de euros debían adelantarle como mínimo cada trimestre a Hacienda el equivalente al 12% de sus ganancias: si ese adelanto era excesivo —cosa que sucedía en la mayoría de casos, dado que Hacienda infló tramposamente la definición de base imposible para que las empresas adelantaran impuestos que luego no tenían obligación de abonar—, se les devolvía la diferencia en la liquidación del ejercicio fiscal en julio del año siguiente.

Como medida extraordinaria que era, esta disposición expiró el año pasado y dejó de aplicarse para el vigente, motivo por el cual la recaudación de Sociedades se ha desplomado temporalmente en un 84% (conviene remarcar el adverbio temporalmente, dado que la buena parte de ese descenso se recuperará durante los próximos trimestres: cae porque ya no se adelanta artificialmente el tributo, no porque no vayan a terminar cobrándose las cantidades que de verdad se adeudan al Fisco).

Sin embargo, semejante hundimiento de los ingresos por Sociedades está dificultando enormemente que el Gobierno pueda cumplir con el objetivo de déficit exigido por Bruselas (esta misma semana, el Banco de España alertaba de una desviación mínima de tres décimas del PIB). La renuencia del Ejecutivo a recortar el gasto —más bien, su expeditivo interés por reinflarlo— hace que necesite de muchos más ingresos tributarios para rebajar el desequilibrio presupuestario hasta el 4,6% del PIB. Por eso, el PP anunció que iba a recuperar el régimen extraordinario de los pagos fraccionados mínimos vigente en 2013, 2014 y 2015: a saber, un pago fraccionado mínimo equivalente al 12% de los beneficios contables para aquellas empresas con un volumen de negocios superior a 20 millones de euros.

Pero hete aquí la negativa sorpresa que nos tenía preparada el exactor Cristóbal Montoro para este último Consejo de Ministros: el pago fraccionado mínimo será equivalente no al 12%, sino al 23% (25% para bancos), y será aplicable no a las empresas con un volumen de negocios superior a 20 millones de euros sino a 10 millones de euros. Es decir, muchas más compañías adelantarán un volumen mucho mayor de impuestos que no adeudan realmente a Hacienda con el único propósito de que el manirroto gobierno de Rajoy salve la cara ante Bruselas. Nótese la vil artimaña del PP: dejamos expirar las medidas extraordinarias de 2013, 2014 y 2015 para que se hunda temporalmente la recaudación en 2016, generamos alarmismo social acerca del desplome de los ingresos por Sociedades y, por último, reimplantamos la norma expirada pero perjudicando mucho más a muchos más contribuyentes: maquiavelismo fiscal en estado puro.

A buen seguro los habrá que intenten disculpar al PP usando dos argumentos a cual peor. El primero es que no estamos ante una subida de impuestos, sino ante un mero adelanto inflado de impuestos cobrables en el futuro. El argumento es bastante vergonzoso por sí solo: lo que en el fondo se está afirmando —y disculpando— es que el Gobierno recurre a la contabilidad creativa para maquillar las cifras de déficit ante su incapacidad para rebajarlo en tiempo y forma. Pero, para más inri, se trata de un argumento incorrecto: pagar por adelantado sí acarrea un coste financiero para las empresas en la medida en que éstas tendrán o que endeudarse para abonar el pago fraccionado o que renunciar a una tesorería que podrían haber empleado alternativamente en efectuar nuevas inversiones rentables o en amortizar anticipadamente su deuda.

El segundo argumento para exculpar al PP es que esta subida de impuestos no es tan relevante porque sólo afecta a las grandes empresas. Y, nuevamente, se trata de un mal argumento. Por un lado, aunque sólo afectara a las grandes empresas, la subida impositiva sería injusta y contraproducente para la economía. Pero es que, por otro, no es cierto que sólo afecte a las grandes empresas: éstas tratarán —y en parte lograrán— de trasladar sus mayores costes fiscales a todos los agentes económicos con los que se relacionan. A saber, recorte de dividendos a los accionistas (grandes, medianos y pequeños); ralentización de la creación de empleo o del alza salarial; aplazamiento de pago a proveedores —no necesariamente grandes empresas—; mayores precios y peores opciones de financiación para consumidores, etc. Pensar que los perjuicios tributarios quedan encapsulados en una gran empresa porque así lo disponga la ley es un simplismo propio del podemismo más ingenuo.

En suma, el PP continúa acumulando galones como el partido que más ha subido los impuestos en la historia de España. Que las alternativas políticas juren estar dispuestas a incrementarlos todavía más no vuelve al PP una opción política liberal: las vuelve a todas abiertamente antiliberales.