La vía pública, como todo bien económico, es susceptible de usos rivales y conflictivos: unos quieren caminar sin obstáculos por la acera, mientras que otros prefieren instalar sus tenderetes ambulantes; unos desean manifestarse por alguna causa y otros acceder tranquilamente a sus viviendas. En general, parece de sentido común que la calle es un lugar de tránsito y circulación, motivo por el cual toda utilización privada de la misma que restrinja seriamente su aptitud para ser transitada deba contar con la pertinente autorización y, en muchas ocasiones, ser sometida a gravamen que compense a los vecinos afectados. Cualquier urbanización privada, por ejemplo, sometería a la aprobación de su junta de propietarios aquellas peticiones particulares de utilizar privativamente las zonas comunes y, además, es muy probable que se exigiera una contraprestación económica. Las ciudades son una especie de urbanizaciones privadas imperfectas donde la junta de propietarios ha sido sustituida por una serie de concejales habituados a extralimitarse de sus funciones naturales (la administración de las zonas comunes de la ciudad).

Sin embargo, el caso específico de la gestión de la vía pública —qué actividades está permitido realizar en ella y cuáles no para así salvaguardar la funcionalidad de la calle para los vecinos— sí parece razonable que recaiga dentro de las competencias del consistorio: de ahí que no debería ser criticable de entrada que el Ayuntamiento de Madrid haya decidido aprobar una tasa sobre el uso de cajeros automáticos operativos a pie de calle. Del mismo modo que se cobra una tasa —y es lógico que se haga— a los bares que deciden ocupar las calles con sus terrazas, la “invasión” de la vía pública por un cajero podría justificar el tasazo de Carmena. Mas el problema de fondo es la absoluta arbitrariedad que está utilizando el ayuntamiento para hacer electoralismo fiscal: ¿por qué a los cajeros de los bancos sí y a los porteros automáticos de los edificios o a los escaparates de las tiendas no? Todos ellos son elementos privados que implican un uso de la vía pública por parte de aquella persona que desee utilizarlos. Y, pese a ello, Ahora Madrid sólo se castiga a los cajeros. ¿Por qué? Pues porque, por mucho que desde el ayuntamiento aseguren que no estamos ante una tasa ideológica contra los bancos, sí lo es. Una tasa que, por cierto, terminará pagando usted: ya sea en forma de más comisiones o de menores cajeros disponibles.