El déficit público de España se ubicó en el 4,4% del PIB en 2008. El Estado español, por primera vez desde que entráramos en el euro, incumplía el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (que establece un déficit máximo del 3%) y debía someterse a un Protocolo de Déficit Excesivo para reconducirlo en unos pocos ejercicios. La misión no parecía inasequible: al cabo, nuestro país había amasado un superávit del 2,2% apenas un año antes. ¿Tan difícil iba a ser volver a la sostenibilidad presupuestaria? Pues, al parecer, con nuestra casta política adicta al gasto público, sí y mucho.

Así las cosas, el déficit de 2009 se disparó, entre estabilizadores automáticos y políticas de despilfarro discrecionales (Plan E, contratación de empleados públicos, etc.), hasta el 11% del PIB. O dicho de otro modo, el conjunto de las administraciones públicas gastaron en 2009 un 33% más de lo que ingresaron. ¿Cómo íbamos a cerrar semejante brecha? De acuerdo con el Ejecutivo de Zapatero, no había mucho de lo que preocuparse. Su primer plan de ajuste del déficit fue aprobado y validado por la Comisión Europea en 2009 (actualizado posteriormente en 2011): al parecer, todo estaba bien atado para que redujéramos progresivamente el déficit hasta el 9,8% del PIB en 2010, el 6% en 2011, el 4,4% en 2012 y, finalmente, volviéramos a acatar el Pacto de Estabilidad y Crecimiento en 2013 con un déficit del 3%.

Pero en realidad no estaba tan atado. En 2010, tras el famoso tijeretazo de Zapatero en mayo de ese año, sí cumplimos y rebajamos el déficit hasta el 9,5% del PIB. No así en 2011: un nutrido año electoral en el que PSOE (desde el Gobierno central) y PP (desde los gobiernos autonómicos) cooperaron para minimizar todo recorte del gasto y para manipular las cuentas presentadas a Bruselas. Así, pese a que en un primer momento se nos dijo que el desequilibrio de 2011 sí se había ajustado al 6% comprometido, a los pocos meses nos enteramos de que no: en realidad, se había ubicado en el 9,3%… solo dos décimas menos que en 2010.

Evidentemente, el PP tomó tan notable desviación como excusa para, por un lado, castigarnos con una de las mayores subidas tributarias de nuestra historia y, por otro, renunciar a cumplir la senda de ajuste que había sido consensuada por Zapatero y por la Comisión. A su entender, era imposible pasar desde un déficit del 9,3% en 2011 a uno del 4,4% en 2012. Tras varios tiras y aflojas, Rajoy pactó con Bruselas un nuevo calendario: en 2013 ya no íbamos a tener que rebajar el déficit al 3% del PIB, sino solo al 6,3%; en 2014 lo dejaríamos en el 5,5%; en 2015 en el 4,1% y, finalmente, tres años después de lo inicialmente previsto, respetaríamos el Pacto de Estabilidad y Crecimiento en 2016, con un déficit del 2,7% del PIB. Esta vez sí, se nos dijo, íbamos a cumplir nuestros compromisos con sumo rigor y profesionalidad.

No cumplimos ni un solo año: 2013 cerró con un déficit del 6,7% (frente al 6,3% acordado) y 2014 con uno del 5,9% (frente al 5,5%). Sin embargo, en ambos casos la desviación no llegó a ser ni de medio punto del PIB y acaso podría imputarse a la recesión (2013) o a la fragilidad de la recuperación (2014). Distinto fue el caso de 2015 —de nuevo, un nutrido año electoral como ya lo fuera 2011—: a pesar del intenso crecimiento económico que estábamos experimentando, el populismo fiscal del PP nos condujo a un déficit del 5,1% del PIB, esto es, un punto por encima de lo acordado.

Fíjense en el despropósito frente a Bruselas: al concluir la legislatura de Rajoy, el déficit todavía se ubicaba por encima (5,1% en 2015) del que España se había comprometido a alcanzar durante el primer año de gobierno de Rajoy (4,4% en 2012). El voto de confianza en forma de prórroga que Bruselas le había otorgado al PP se disolvía como un azucarillo en su caciquismo electoral: echar mano del presupuesto —rebaja de impuestos sin recorte de gasto y devolución de la paga extra a los empleados públicos— para comprar votos, aun a costa de incumplir gravemente el déficit.

La burda maniobra del PP a punto estuvo de costarle a España una sanción de la Comisión, pero finalmente aceptaron darnos una nueva prórroga: en 2016 deberíamos cerrar con un desequilibrio equivalente al 4,6% del PIB, en 2017 con uno del 3,1% y en 2018, ahora sí, cumpliendo el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, con un déficit del 2,2%. O dicho de otro modo, Zapatero se comprometió a cumplir el Pacto en 2013; Rajoy echó por el desagüe ese compromiso y dio su palabra de acatarlo en 2016, y, tras volver a echar por el desagüe su propia palabra y credibilidad, asumió un nuevo compromiso de respetarlo en 2018.

La progresión de las mentiras de nuestros gobernantes es claramente observable en el siguiente gráfico: prometen aquello que no tienen la más mínima intención de cumplir con el único propósito de ganar tiempo ante Bruselas mientras continúan endeudando masivamente a los españoles.

He ahí precisamente el drama: la irresponsabilidad presupuestaria de Zapatero y de Rajoy ha multiplicado la deuda pública por español desde 8.500 euros en 2007 a 24.000 euros en 2016. Sus mentiras no salen gratis: las pagamos los contribuyentes españoles. Y no esperen que esta huida hacia delante haya tocado fondo: este pasado sábado, apenas dos meses después de renegociar la nueva senda de déficit con Bruselas, el Gobierno de Rajoy acaba de enmendarse la plana a sí mismo pronosticando que el desequilibrio presupuestario de 2017 no será del 3,1% del PIB, sino del 3,6%.

Así que una de dos: o continuaremos incumpliendo el Pacto de Estabilidad y Crecimiento una década después de que comenzáramos a saltárnoslo… o prepárense para nuevos rejonazos fiscales una vez se constituya nuevo Gobierno. O más deuda o más impuestos. La alternativa liberal de menos gasto parece no entrar en los cálculos de unos gobernantes adictos a arrebatarnos y fundirse nuestro dinero. Por eso, llevan ocho años bombardeándonos con sus vergonzosas mentiras sobre el déficit.