PP y PSOE —tanto monta, monta tanto— han pactado para 2017 una subida del salario mínimo del 8% hasta dejarlo en 824 euros mensuales. En su momento ya explicamos cuáles son los efectos de semejante medida: la mejor evidencia disponible apunta a que incrementar el salario mínimo tiende a aumentar el desempleo y a desencadenar otros efectos negativos para la mayoría de trabajadores peor pagados. En España, por cierto, la evidencia también apunta en la misma dirección: los trabajadores “protegidos” por el salario mínimo tienen una probabilidad significativamente más alta de perder su empleo que el resto.

¿Pero por qué subir el salario mínimo legal puede provocar tal destrucción de empleo? Pues porque el salario mínimo determina el coste salarial mínimo al que pueden contratar las empresas. Si el coste de contratación aumenta, la contratación de trabajadores se reduce: las empresas no van a contratar más para perder dinero con ello. Y un mayor desempleo acarrea, por si fuera poco, efectos multiplicadores negativos sobre el resto de compañías en forma de un menor consumo.

Al final, pues, todo parece resumirse a que las empresas están obsesionadas con maximizar sus beneficios y no están dispuestas a pagar unos euros de más a sus trabajadores. La imagen, de hecho, nos remite al gran empresariado patrio aprovechándose de parados y de trabajadores precarios. Pero no: quienes realmente van a sufrir las consecuencias de la subida del salario mínimo no son las grandes corporaciones con ganancias milmillonarias, sino las pymes.

Al cabo, y como también tuvimos ocasión de exponer, las grandes empresas ya están abonando a día de hoy salarios muy superiores al mínimo legal (el 70% de su plantilla cobra más de 1.800 euros): a ellas el cambio regulatorio no les afecta en absoluto. Por el contrario, son las pequeñas y medianas compañías las que más van a sufrir este incremento de costes salariales decretado por PP y PSOE: no por casualidad, son ellas las que concentran el mayor número de trabajadores con sueldos bajos.

Así, si acudimos a la EPA, comprobaremos que en las micropymes con una plantilla entre 1 y 10 trabajadores, el porcentaje de empleados que cobra menos de 979 euros mensuales asciende a casi el 15%; en cambio, en las grandes empresas de más de 250 trabajadores, apenas supera el 2%. Es verdad que la frontera de 979 euros mensuales sigue estando bastante por encima del nuevo salario mínimo, pero el dato que nos ofrece el INE sí sirve para constatar que los sueldos bajos se concentran sobreproporcionalmente en las pequeñas compañías.

Por consiguiente, serán las pymes las que sufrirán en primera instancia el incremento de sus costes laborales vía mayor salario mínimo: y, según cuál sea su situación financiera, parece claro que tendrán que prescindir de parte de su plantilla (o minorar la jornada de parte de ella) para capear el temporal regulatorio. A las grandes, tal sobrecoste regulatorio les importa bien poco: de hecho, en la medida en que pueda dañar a algunos de sus competidores más pequeños y expulsarlos del mercado, tanto mejor que éste se incremente y las ayude marginalmente a incrementar su cuota de mercado.

En definitiva, subir el salario mínimo daña directamente a las pequeñas empresas e indirectamente a aquellos trabajadores que se verán perjudicados por esas pequeñas empresas damnificadas. Los únicos que realmente salen ganando son los políticos que se cuelgan propagandísticamente la medalla de gobernantes con fuerte conciencia social. Sólo buscan hacer caja electoral a costa de una sociedad engañada.