España aún no está en la fase donde sus méritos económicos son copiados. La vicepresidenta del Gobierno dijo recientemente que Madrid es considerado como un ejemplo debido a la fuerza de su recuperación. El PIB puede estar creciendo con fuerza y el Gobierno se merece reconocimiento, pero aún no es un ejemplo.
La economía española creció a una tasa anual del 3,2 por ciento en el tercer trimestre y está camino de casi doblar la tasa de sus vecinos de la zona euro este año. La demanda doméstica parece ser el principal impulso. Aunque el desempleo está justo por debajo del 19 por ciento, es su nivel más bajo desde 2009 gracias a la fuerte creación de empleo.
Madrid se merece aplausos, entre otras cosas, por limpiar su sistema bancario y por otras reformas. Aún así, el crecimiento es lento. El país se ha beneficiado especialmente de los bajos tipos de interés, puesto que los préstamos han aflorado y la deuda privada aún es alta. El crecimiento español también ha estado impulsado por otros factores que están desapareciendo, como un recorte de impuestos en 2015 y los débiles precios del petróleo. El próximo año, el PIB podría ralentizarse al 2,2 por ciento, según estimaciones del FMI.
A pesar de los bajos tipos de interés y el relativamente robusto crecimiento, la deuda pública española se estabilizará el año que viene en torno al 100 por ciento del PIB, según Moody's, e irá bajando muy despacio. La deuda externa neta se mantiene justo por debajo del 90 por ciento, haciéndole dependiente de la financiación extranjera, y se prevé que el déficit presupuestario cierre el año en el 4,6 por ciento, uno de los más altos en Europa. Está camino de alcanzar el 3,8 por ciento el año que viene, según estimaciones de la Unión Europea, un 0,7 por ciento por encima del objetivo acordado con Bruselas.
Los planes de España son concentrarse en impulsar los ingresos del impuesto de sociedades y reducir lagunas fiscales y deducciones. Pero reducir el déficit también requiere una reflexión fundamental sobre cómo las finanzas han funcionado entre el gobierno central y las comunidades autónomas, dado que estas has sobrepasado constantemente sus límites. Madrid debe lidiar con Cataluña y poner en práctica más reformas, incluida la de las pensiones. Esto requiere voluntad política, pero el fragmentado Parlamento español lo hará complicado. Si el Gobierno puede resolver todo esto, tendrá finalmente algo de lo que alardear.