El acuerdo entre PP y PSOE a propósito del techo de gasto puede parecer una buena noticia: desatasca un trámite esencial para poder completar la elaboración de los presupuestos de 2017 y, por tanto, comienza a resolver uno de los principales puntos de fricción con Bruselas. Además, demuestra que España, pese a la fragmentación parlamentaria, es gobernable a través de acuerdos a múltiples bandas entre el partido de gobierno y las distintas formaciones que conforman la oposición.

Sin embargo, en muchas ocasiones la ausencia de acuerdo puede ser preferible a un mal acuerdo. Ése fue, por ejemplo, el argumento fundamental del Partido Popular para oponerse —en lugar de abstenerse— ante un gobierno de PSOE y Ciudadanos, presidido por Pedro Sánchez: según se argumentó, el acuerdo al que ambas formaciones habían llegado no era bueno para España y, por tanto, era crucial enfrentarlo y avanzar hacia unas nuevas elecciones que conformaran una nueva mayoría política que ejecutara un programa económico distinto.

En esta ocasión, empero, el PP ha preferido llegar a un (mal) pacto antes que respetar el sentido común económico: un pacto que consiste esencialmente en incrementar los impuestos y las rigideces regulatorias de nuestra economía; un pacto que, por consiguiente, nos restará competitividad y capacidad de crecimiento en un contexto en el que ambas variables ya están debilitándose.

Por un lado, Montoro ha optado por cuadrar el déficit público con nuevas subidas tributarias: Especiales, cotizaciones sociales y Sociedades. Se trata de recaudar 7.500 millones de euros para reconducir parte de un desequilibrio presupuestario absolutamente enquistado desde hace siete años. La renuencia a recortar el gasto público durante la pasada legislatura ha terminado por empujar al Ejecutivo a incrementar nuevamente la fiscalidad en ésta. Los gravámenes aprobados afectarán especialmente al consumo, a los salarios de los trabajadores más cualificados y a la reinversión empresarial: todos ellos saldrán penalizados en una coyuntura interna y global especialmente complicadas.

Por otro, Báñez ha apostado por incrementar el salario mínimo en un 8% —la mayor subida en los últimos 30 años—, lo que por fuerza perjudicará a parte del tejido empresarial nacional (sobre todo a las pymes) y, en definitiva, a los propios trabajadores a los que presuntamente se buscaba proteger. Las subidas del salario mínimo desincentivan las contrataciones de nuevos empleados, dado que menoscaban la rentabilidad asociada a su incorporación a la empresa. La única forma de incrementar sostenidamente los sueldos es con aumentos en la productividad: sólo en la medida en que aumente la producción por trabajador es factible incrementar la remuneración de cada trabajador. Lo que disponga la ley no puede alterar esta lógica económica básica y si lo intenta sólo generará sufrimiento (desempleo, caídas de salarios reales, recortes del gasto en formación laboral, etc.).

En suma, nos encontramos ante un contexto económico delicado —el PIB y la creación de empleo se están ralentizando en los últimos meses debido, sobre todo, al frenazo en seco que ha experimentado la inversión empresarial— en la que no podemos permitirnos dar pasos en falso. Al contrario, en estos momentos de fragilidad deberíamos empezar a impulsar medidas conducentes a liberalizar la economía e incrementar la renta disponible de las familias y empresas españolas. Alcanzar pactos políticos con el PSOE, con Ciudadanos o incluso con Podemos no debería ser una excusa para adoptar una mala política económica que ponga en riesgo la recuperación. Y, por desgracia, medidas como las adoptadas este último viernes en el Consejo de Ministros sí lo hacen.