La banca es uno de los sectores más privilegiados en cualquier economía moderna. Su función es la de actuar como intermediaria financiera: pedir prestado a quienes ahorran para prestar a quienes invierten. Su beneficio surge, justamente, de esta doble operación: pagar a sus acreedores un tipo de interés algo inferior al que cobran a sus deudores. Pero, ¿cómo es capaz la banca de pagar a unos menos de lo que les cobran a los otros? ¿Por qué los ahorradores no prestan directamente a los inversores, evitándose así pasar por la caja del banco? Pues, entre otras razones, porque el banco evalúa, concentra y diversifica aquellos riesgos del inversor que el ahorrador no quiere asumir en sus propias carnes: si el inversor no le paga al banco, el banco sigue estando obligado a devolverle su dinero al ahorrador. De hecho, si los acreedores de una entidad financiera temen que ésta experimentará dificultades a la hora de afrontar sus compromisos, inmediatamente dejan de extenderle crédito o, como poco, se lo siguen extendiendo pero a tipos mucho más elevados.

Sin embargo, la banca moderna, merced a su perverso maridaje con el Estado, no desarrolla su labor de intermediación financiera soportando tales riesgos. Al contrario, la banca moderna ha logrado que el Estado nos obligue a todos los contribuyentes a soportar sus riesgos. Por un lado, los bancos centrales se encargan de proporcionar refinanciación permanente a todas aquellas entidades que la requieren: una refinanciación de última instancia cuyo potencial quebranto recaería sobre el contribuyente (pues el banco central es un organismo público). Por otro, los Estados se han comprometido explícitamente a rescatar a parte de los acreedores de los bancos quebrados (los depositantes) e implícitamente a casi su totalidad (si la entidad financiera es “demasiado grande para quebrar”).

Gracias a este enorme doble privilegio —apenas contrarrestado, muy parcialmente, por las regulaciones que soportan las entidades financieras—, los bancos consiguen financiarse a tasas extremadamente baratas por muy imprudente, y arriesgada, que sea su estrategia prestamista. “Asumo riesgos extraordinarios en mi cartera de inversiones para así tratar de maximizar mis ganancias, pero no me veo penalizado con tipos de interés más elevados por mis acreedores dado que papá Estado me protege y los protege”. Puro moral hazard subvencionado que, no por casualidad, termina privatizando las ganancias entre los accionistas de la banca y socializando los riesgos entre los contribuyentes.

En este sentido, uno de los movimientos más esperanzadores de los últimos años para tratar de contener —al menos en parte— el infame privilegio de socialización de los riesgos bancarios ha sido la directiva 2014/59/UE por la que se regula la reestructuración y resolución de entidades financieras. En esta directiva, vigente desde este mismo ejercicio, se establece que toda resolución bancaria deberá respetar los siguientes dos principios: “a) que los accionistas de la entidad objeto de resolución asuman las primeras pérdidas; b) que los acreedores de la entidad objeto de resolución asuman pérdidas después de los accionistas de acuerdo con el orden de prelación de sus créditos en virtud de los procedimientos de insolvencia ordinarios”. Es decir, cuando un banco esté al borde de la bancarrota, serán los accionistas y los acreedores quienes soportarán las pérdidas. Sólo si esta traslación de pérdidas a quienes han financiado las imprudentes actividades de ese banco resultare insuficiente, podrá entrar el Estado a recapitalizar la entidad. El famoso bail-in que algunos hemos venido defendiendo desde hace años.

La solución dista de ser perfecta pero, al menos, consigue evitar que los acreedores se vayan de rositas y, en consecuencia, pone coto a su ilimitada predisposición a financiar cualquier aberración bancaria contando con la salvaguarda del dinero de los contribuyentes. Mas, por desgracia, no todos los Estados miembros están dispuestos a aplicar la directiva: cuando entre los acreedores de los bancos se hallan potenciales votantes, los políticos prefieren seguir echando mano de la chequera pública. ¿Para qué enemistarse con los electores pudiendo sablear a los contribuyentes futuros mediante la emisión de deuda pública en el presente?

Ésta es la situación en la que precisamente se encuentra hoy Italia. Este miércoles, el parlamento italiano aprobó una ampliación del presupuesto nacional por valor de 20.000 millones de euros recapitalizar a las entidades financieras en problemas (como poco, Monte dei Paschi y Unicredit). Ayer mismo, Monte dei Paschi se vio abocado a solicitar el rescate público después de comunicar que no había podido captar en los mercados el capital necesario para sobrevivir. Todo apunta a que el nuevo gobierno italiano acudirá presto a la solicitud de ayuda y que limitará enormemente las pérdidas de los acreedores, especialmente de los 40.000 acreedores minoristas. Pero no crean que el asunto terminará aquí: después de Monte dei Paschi irá pasando por ventanilla estatal el resto de la banca italiana buscando su aguinaldo navideño.

Saltarse la normativa comunitaria a las primeras de cambio supondrá enterrarla de facto antes incluso de que haya llegado a aplicarse. Si ante el primer rescate financiero de relevancia, los Estados siguen encamándose con la banca para trasladarles sus agujeros a los contribuyentes, ¿cómo no esperar que en el futuro sigan sucediendo lo mismo? Y si todos saben que, pese a lo escrito en la normativa comunitaria, los bancos continuarán siendo rescatados por los Estados, ¿cómo evitar que los bancos, y sus acreedores, sigan lucrándose a costa de privatizar ganancias y socializar pérdidas?

La banca italiana no debe ser rescatada bajo ningún concepto. Ya no para proteger al inocente contribuyente italiano, sino para mantener viva la normativa del bail-in y evitar que el contribuyente español termine pagando en el futuro los nuevos platos rotos de sus irresponsables entidades financieras.