El Monte dei Paschi no logró su objetivo de captar dinero entre los inversores de cara a su ampliación de capital por importe de 5.000 millones de euros. Es por ello que. ante el riesgo real que supone para el sistema bancario del país en general, el Gobierno italiano aprobó un decreto por el cual se dispone de 20.000 millones de euros para inyectar en aquellas entidades financieras que atraviesen graves problemas de solvencia.

Realmente, es Monte dei Paschi quien tiene que pedir formalmente la ayuda y será a partir de ese momento cuando se proceda a estudiar los detalles de la operación.

El decreto se basa en la intervención del Estado para garantizar la liquidez de los bancos. La mecánica sería la siguiente: el Ministerio de Economía ofrecerá a los inversores su aval y permitirá la emisión de nuevos títulos de deuda a cambio del pago de una comisión. La ventaja de su aval es que los títulos emitidos por los bancos para obtener liquidez presentarán el nivel de riesgo del Estado, y no el de la banca, por lo que podrían acceder al mercado para lograr recursos financieros (con condiciones muy semejantes a las del Estado).

Pero las miradas no sólo se centran en Monte dei Paschi, hay otras dos entidades, Veneto Banca y Popolare di Vicenza que fueron intervenidas por el fondo de inversión alternativo participado por los principales bancos del país (Atlante). El problema radica en que estas dos entidades siguen necesitando más dinero y con Atlante no será suficiente. Terminarán fusionándose en los próximos meses y será en ese momento cuando el Gobierno aborde el caso en cuestión.

El presidente del Bundesbank, Jens Weidmann, volvió a entrar en escena para dar su opinión sobre el rescate de Monte dei Paschi. El eje central de su intervención se centró en un mensaje: el dinero público para un rescate ha de ser únicamente el último recurso, porque la normativa comunitaria establece que hay que proteger a los contribuyentes y que son los inversores los que han de asumir el riesgo y la responsabilidad.

Y tiene razón. Ya les comenté en otra ocasión qué establece la normativa comunitaria al respecto: las entidades bancarias deben imponer primero pérdidas a los bonistas y accionistas y sólo después pueden recibir dinero público. De esta manera se pretende impedir que los Gobiernos utilicen el dinero de los contribuyentes para ayudar a los bancos con problemas financieros. Si no se cumple la norma jurídica, la Comisión Europea podría llevar a un país ante el Tribunal Europeo de Justicia y obligarle a devolver la ayuda estatal que hubiera dado al banco.

El sector bancario europeo sigue tranquilo, y no porque el tema sea precisamente baladí, sino porque tener detrás el respaldo del Estado italiano supone toda una garantía para los inversores.

El gráfico pertenece al índice sectorial bancario europeo y pueden ver que llevamos unas semanas prácticamente parados, sin subir, pero también sin caer. Fue alcanzar el segundo objetivo de la subida (nivel Fibonacci) desde el suelo formado en julio y detenerse todo.

Así pues, en principio, el tema de la banca italiana no debiera de asustar demasiado a los mercados, otra cosa es el tema de las elecciones. Mattarella no puede convocar elecciones anticipadas, de manera que la única opción que quedaría sería la de buscar en el Parlamento una mayoría capaz de apoyar un Gobierno temporal, que podría ser de índole tecnócrata, que debería de aprobar una nueva ley electoral, o incluso gobernar hasta las próximas elecciones presidenciales que serían a primeros del 2018.

Pero el Movimiento 5 Estrellas intentaría “boicotear” esta opción oponiéndose a todo intento de formación de un Gobierno temporal y tan sólo permitiendo la celebración de elecciones anticipadas, en las que los sondeos les otorgan un 30% del voto, e incluso algunas encuestas les dan como vendedores.

Si tenemos en cuenta que la primera medida de Grillo en el poder sería celebrar un referéndum para ver si Italia sigue en el euro o lo abandona, comprenderán por qué es un tema de gran importancia.