El Gobierno de España deberá gastar en la lucha contra el paro juvenil casi 2.000 millones de euros a lo largo de los próximos dos años. Bruselas nos obliga a destinar tales sumas de dinero —a su vez procedentes de subvenciones comunitarias—en tratar de paliar una de las mayores lacras de nuestra economía. Ciertamente, nuestro país sufre un auténtico drama en materia de desempleo entre los trabajadores de menor edad: el grupo de personas que buscan una ocupación entre 20 y 24 años experimenta una tasa de paro del 39% y los ubicados en la franja entre 16 y 19, del 54%. Y aunque se trata de unos porcentajes que han venido reduciéndose de manera significativa desde el año 2014, continúan siendo inaceptablemente elevados: el paro juvenil frustra las expectativas profesionales de aquellas personas que, habiendo renunciado a seguir estudiando, desean introducirse en el mundo laboral para empezar a adquirir experiencia y ver incrementada su productividad a medio y largo plazo. La combinación del fracaso educativo y del fracaso laboral condena a muchos españoles a formar parte de una generación parcialmente perdida, con devastadoras consecuencias para su futuro.

Sin embargo, constituye un mayúsculo error pensar que los problemas del paro juvenil pueden solucionarse apenas arrojando varios centenares de millones de euros en estériles programas estatales. Las dificultades para encontrar un empleo por parte de nuestros jóvenes están mucho más relacionadas con nuestras rigideces regulatorias que con la falta de inversión pública: son leyes como el salario mínimo o como las que consagran una elevada indemnización por despido para los contratos indefinidos las que suponen obstáculos cuasi insalvables para los jóvenes, condenándolos al desempleo o al subempleo temporal. No quememos más millones del contribuyente europeo en un programa que no aportan soluciones reales: liberalicemos el mercado laboral para dejar de condenar a los jóvenes al paro.