El gobierno socialista de Maduro lleva años destruyendo la economía venezolana. Cuando el hundimiento global de los precios del petróleo despojó al régimen chavista de los dólares que necesitaba para comprar en el exterior todo aquello que no producía dentro (es decir, casi todo), la economía entró en una profunda crisis que la fallida autocracia bolivariana se niega a reconocer: en lugar de desmontar todo el sistema clientelar y dirigista implantado durante casi dos décadas para permitir que el aparato productivo del país vaya recomponiéndose y levantando cabeza, los de Maduro han optado por huir sistemáticamente hacia adelante. Primero mantuvieron los desbocados gastos del Estado imprimiendo masivamente bolívares. Cuando la inflación se desbocó a resultas del aluvión monetario, decidieron, en segundo lugar, establecer controles de precios prohibiendo que los comerciantes vendieran ciertos productos más caro de lo que marcaba la ley. Cuando dejó de ser rentable producir y distribuir esos bienes cuyos precios de venta estaban limitados por ley pero cuyos costes de producción seguían subiendo por la inflación, el gobierno eligió ocupar militarmente las fábricas paradas para obligarlas a seguir produciendo y, a su vez, crear los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) para manejar la distribución de esos bienes.

Los CLAP son agrupaciones locales tomadas por el chavismo que cuentan con el derecho exclusivo a vender o repartir cierto tipo de bienes (alimentos, combustible, productos de higiene o medicamentos): es decir, son mecanismos para racionar arbitrariamente las escasas mercancías disponibles en Venezuela. Evidentemente, el ciudadano se halla del todo indefenso ante los CLAP: si éstos se empeñan en negarle el pan y la sal, éste se queda sin pan y sin sal. Pero, además, como la distribución de esos productos tiene lugar en condiciones antieconómicas (ni se venden ni compran a precios de mercado), su fabricación se convierte en estructuralmente no rentable, consolidando la necesidad de que sea el gobierno quien directamente controle y planifique su proceso de producción. Y los CLAP, como todo mecanismo de racionamiento, necesitan de una cartilla de racionamiento que les permita clasificar qué ciudadanos han recibido ya su aguinaldo y cuáles no. Éste es el paso que Maduro dio hace apenas unos días: la creación del llamado “carnet patriótico” como salvoconducto para que los ciudadanos puedan comprar en los CLAP y queden fichados por éstos. Desgraciadamente, todo apunta a que Venezuela está emulando poco a poco todos los disparates del pauperizador castrismo cubano.