El Banco de España acaba de publicar un nuevo informe sobre la (in)sostenibilidad de nuestro sistema público de pensiones donde recomienda, entre otras polémicas medidas, valorar la posibilidad de elevar nuevamente la edad de jubilación (hasta los 70 años) y de seguir recortando las pensiones en relación a los salarios. Cómo no, tales propuestas han sido recibidas con uñas por una parte de la población española que, sin embargo, no parece ser consciente de los enormes problemas de viabilidad futura de nuestra Seguridad Social: en caso contrario, no sólo criticarían las propuestas del Banco de España, sino que inmediatamente después plantearían alternativas realistas para remediar estos más que ciertos retos en nuestro horizonte.

El propio informe del Banco de España recurre a una conocida ecuación para desagregar los cuatro factores de los que depende el gasto en pensiones públicas sobre el PIB y que, en nuestro caso, nos servirá para centrar el debate. A saber:

O expresado de otra forma, el peso del gasto en pensiones sobre el PIB depende de estos cuatro elementos:

Tasa de dependencia de los pensionistas: Relación entre el número de pensiones que deben ser pagadas y la población en edad de trabajar. Cuanto más elevado sea este porcentaje, mayor tiende a ser el gasto total en pensiones. Esta ratio depende inicialmente de la demografía: cuanto mayor sea la esperanza de vida, más crecerá el número de pensionistas (y de pensiones a abonar); cuanta mayor sea la natalidad, mayor será el número de personas en edad de trabajar. Pero a su vez también depende en parte de la legislación: una política migratoria menos restrictiva permite aumentar la población en edad de trabajar; un retraso de la edad de jubilación permite reducir el número de pensiones que debe pagar el sistema y también incrementar la población en edad legal de trabajar.

Tasa de empleo: La tasa de empleo es el porcentaje de personas en edad de trabajar que cuentan con una ocupación. En la ecuación anterior aparece el inverso de la tasa de empleo, pues su relación con el gasto en pensiones es inverso: a menor tasa de empleo, menor PIB y, por tanto, mayor gasto en pensiones sobre el La tasa de empleo depende de la voluntad y de las oportunidades de la población empleable para trabajar. El Estado no puede determinar directamente ni esa voluntad ni esas oportunidades, pero sí puede influir sobre ellas. Así, unos impuestos sobre la renta muy elevados y progresivos tienden a desincentivar la oferta de trabajo (al reducir la remuneración después de impuestos por hora trabajada) y una legislación laboral muy rígida estrangula las oportunidades para generar nuevos empleos.

Tasa de sustitución: Se refiere a la relación entre la pensión media y el salario medio, esto es, qué porcentaje del salario medio actual termina cobrando en forma de pensión un pensionista. A mayor tasa de sustitución, mayor gasto en pensiones sobre el PIB. Esta ratio sí puede depender directamente de la legislación y, en concreto, del método de devengo de las pensiones fijado por la normativa estatal (período de la vida laboral con el que se calcula la base reguladora y número de años necesarios para percibir un determinado porcentaje de esa base reguladora). Fijémonos en que la tasa de sustitución puede caer aun cuando la pensión media crezca en términos absolutos: si los salarios medios aumentan más rápidamente que la pensión media, la tasa de sustitución se ajustará a la baja (y a su vez, la tasa de sustitución también puede aumentar aun con recortes en la pensión media).

Peso de la masa salarial sobre el PIB: Cuánto pesan los salarios en el PIB. A mayor peso de la masa salarial en el PIB, mayor tenderá a ser el gasto en pensiones sobre el PIB: la razón es que, dado un volumen de empleo y un determinado salario, cuanta mayor sea la productividad de los trabajadores, mayor será el PIB en relación con esa masa salarial constante. Por ejemplo, si una economía se robotiza mucho, el PIB aumentará sin que lo haga necesariamente la masa salarial, de modo que el gasto en pensiones sobre el PIB disminuirá. El Estado tampoco puede determinar directamente esta ratio, pero sí puede influirla indirectamente: cuanto mayor sea la acumulación de capital, mayor será la productividad del trabajo. Si esas ganancias en productividad van a parar al trabajador, el salario medio aumentará (reduciendo así la tasa de sustitución) si bien el peso de la masa salarial en el PIB también lo hará; si esas ganancias de productividad van a parar al capitalista, el salario medio no aumentará (de modo que la tasa de sustitución no se reducirá), pero el peso de la masa salarial en el PIB sí lo hará.

Actualmente, el gasto en pensiones representa el 10,7% del PIB. La razón es que la tasa de dependencia de los pensionistas es del 31% (aproximadamente, cada tres personas en edad de trabajar han de pagar una pensión); la población en edad de trabajar es 1,79 veces superior a la población que trabaja (es decir, la tasa de empleo es del 55,8%); la tasa de sustitución es del 43,9% (la pensión media equivale a casi el 44% del salario medio); y la masa salarial también representa el 43,9% del PIB. A partir de aquí, ya podemos hacer proyecciones de sostenibilidad.

Si la edad de jubilación se mantiene en los 67 años, la tasa de dependencia se ubicará en torno al 64% en 2050. Si la tasa de sustitución no cae del actual 43,9%, el gasto en pensiones sobre el PIB dependerá de cómo evolucione el empleo y su productividad. Si somos optimistas y consideramos que la tasa de empleo podrá aumentar hasta el 70% de la población en edad de trabajar sin que se hunda la productividad de los trabajadores (por ejemplo, una masa salarial en torno al 48% del PIB), el gasto pensiones públicas aumentaría por encima del 19% del PIB. Si somos menos optimistas y la tasa de empleo se queda en el 60%, el gasto alcanzará el 22,5% del PIB. Es decir, sin elevar la edad de jubilación o sin reducir la pensión media en relación a los salarios medios, el gasto en pensiones tenderá en cualquier caso a duplicarse.

Por eso el Banco de España considera recomendable elevar la edad de jubilación hasta los 70 años (en cuyo caso la tasa de dependencia en 2050 rondaría el 52%) y recortar las pensiones medias en relación a los salarios medios alrededor de un 40% (dejando la tasa de sustitución en el 25%). En esas condiciones, el gasto en pensiones se ubicaría entre el 9% del PIB (en caso de que la tasa de empleo repunte al 70%) y el 10,5% del PIB (si la tasa de empleo se quedara en el 60%): esto es, el gasto en pensiones sobre el PIB se mantendría en torno a niveles similares a los actuales.

Por supuesto, los habrá que sostengan que la explosión del gasto en pensiones resulta irrelevante, por cuanto siempre pueden incrementarse proporcionalmente los impuestos (ya sean las cotizaciones sociales, el IRPF o los tributos sobre el capital). Pero confiar la sostenibilidad del sistema de pensiones a una fiscalidad muchísimo más agresiva que la actual supone una condena al fracaso, ya que contribuiría a desestabilizar todavía más el lado de los gastos. Por un lado, elevar las cotizaciones sociales o el IRPF reduciría la tasa de empleo: si se arrebata más dinero a los trabajadores, habrá mucha menos gente dispuesta a trabajar tantas horas; además, esa reducción de la oferta laboral sería sobreproporcionalmente mayor entre los trabajadores más cualificados, de modo que el salario medio de la economía tendería a caer (aumentando la tasa de sustitución); por otro, multiplicar los tributos sobre el capital desincentivará el ahorro y la acumulación de nuevos bienes de capital, lo que se traducirá en una menor productividad del trabajador y, por consiguiente, o en menores salarios medios (aumento de la tasa de sustitución) o en una caída de las rentas del capital sobre el PIB (esto es, un aumento del peso de las rentas salariales). A su vez, incrementos forzosos de los salarios que no vayan acompañados de una mayor productividad de los trabajadores sólo provocarán un aumento del desempleo (menor tasa de empleo) y de la participación de los salarios en el PIB. Todas estas vías, pues, aumentarían el gasto en pensiones sobre el PIB todavía más. Por el lado de la multiplicación exponencial de la fiscalidad simplemente nos meteremos en un callejón sin salida con una más que probable condena a la pobreza a trabajadores y pensionistas.

Inevitablemente, pues, habrá que poner coto al crecimiento del gasto en pensiones sobre el PIB. ¿Cómo hacerlo para minimizar el número de ciudadanos negativamente afectados? Primero, reduciendo la tasa de dependencia, ya sea elevando la edad de jubilación o la población en edad de trabajar (más natalidad y mayor inmigración); segundo, incrementando la tasa de empleo, liberalizando el mercado laboral y recortando los impuestos sobre el trabajo; tercero, minorando la tasa de sustitución, ya sea congelando la pensión media (revisar el método de cálculo para que crezca a un ritmo inferior al actual) o aumentando el salario medio mediante ganancias en la productividad; cuarto, aliviar los tributos sobre el ahorro para fomentar una fuerte acumulación de capital hiperproductivo (la famosa “robotización”) que permita aumentar el PIB sin necesidad de incorporar en las empresas tantos trabajadores como antes (pues no los habrá por cuestiones demográficas). Por todas estas vías, podría ponerse coto al estallido del gasto en pensiones y, por tanto, de la Seguridad Social.

Ahora bien, existe una última política que no hemos mencionado y que resulta esencial para que esta reforma resulte verdaderamente exitosa: fomentar el ahorro entre los trabajadores. Si la tasa de sustitución cae (es decir, si el trabajador cuando se jubile termina percibiendo un porcentaje menor del salario que cobraba durante su vida activa), es fundamental que se complemente esa pensión pública relativamente más exigua con un mayor ahorro privado. Ese mayor ahorro privado será, a su vez, el que nutrirá a la economía española de la financiación necesaria para la susodicha acumulación de capital hiperproductivo que habilite crecimientos del PIB sin tanta participación laboral como antes: esto es, los trabajadores-ahorradores deberían convertirse en los propietarios de los nuevos bienes de capital hiperproductivos y cobrar parte de sus pensiones a partir de las rentas (de los beneficios) que éstos generen.

En definitiva, al final la solución con más visos de éxito y de generar menores quebrantos es que nuestro sistema nacional de pensiones vaya pareciéndose cada vez más a un sistema privado de pensiones basado en la capitalización del ahorro. Todo lo demás o son tiros en el pie (subidas masivas de impuestos) o parches para mantener precariamente a flote un barco que se hunde (deterioro de las condiciones de jubilación para disminuir la tasa de dependencia y de sustitución). Pongámonos ya manos a la obra.