El precio de la luz en el mercado mayorista ha alcanzado esta semana sus cotas más altas desde diciembre de 2013: 88 euros por MWh. Para muchos, estamos ante un nuevo ejemplo de cómo las eléctricas rapiñan a los ciudadanos multiplicando artificialmente los precios. La explicación, sin embargo, es bastante más sencilla: la demanda de electricidad se dispara en invierno (por las bajas temperaturas) y las centrales eléctricas más baratas no alcanzan a cubrirla, de modo que los precios necesariamente suben.

Pero comencemos por lo básico. En cualquier recibo de la luz en España podemos distinguir cuatro partes: el coste de generación de la electricidad, el coste de transportarla y distribuirla hasta el usuario final, el coste de financiar determinadas políticas energéticas y los impuestos. El primero de estos tres costes (que representa alrededor de un 35% del coste final de la tarifa eléctrica) es el que se determina diariamente en los mercados en función de la oferta y de la demanda de electricidad y el que ha provocado la reciente subida de la luz; a los otros tres costes, en cambio, se los denomina “costes regulados” porque son fijados por el gobierno.

Dado que el transporte y distribución de electricidad representan en torno al 15%, podemos decir que las actividades estrictamente necesarias para el suministro eléctrico (generación y distribución) sólo explican el 50% de la factura. El otro 50%, como decíamos, se reparte entre impuestos (algo más del 20% del total) y entre los sobrecostes vinculados a la política energética: la subvención a las energías renovables (18%), la subvención al sobrecoste del transporte eléctrico en Baleares y Canarias (4%), la amortización de los déficits de tarifa históricos (3%) y otro ramillete de ayudas (5%).

De entrada, pues, resulta sorprendente que todas las quejas sobre el altísimo coste de la electricidad se concentren en el repunte del tramo del 35%  (el coste de la generación) y no en el 50% de “costes políticos”. Sobre todo cuando, además, no quedaba otro remedio que encarecer la factura eléctrica tras este incremento de la demanda. El sistema eléctrico español dispone de una terminada potencia instalada para generar MWh: si la demanda de electricidad es baja, la oferta se suministra a través de centrales eléctricas “baratas”; si la demanda de electricidad es alta, resulta imprescindible “poner en marcha” otras centrales más caras, como son las de ciclo combinado (gas). Las eléctricas no se forran por la subida: sólo repercuten los mayores costes a los usuarios finales.

Por supuesto, uno podría plantearse por qué hemos instalado centrales eléctricas “caras” en lugar de haber invertido sólo en las baratas y competitivas. En parte, se debe a decisiones políticas: a pesar de que se nos dice que el mercado eléctrico se halla liberalizado, muchas de las centrales que utilizamos hoy fueron creadas por el Estado antes de que supuestamente se liberalizara el sector; pero, para más inri, tras esa supuesta liberalización, el gobierno ha continuado interviniendo y determinando qué centrales se podían instalar y cuáles no. En todo caso, al margen de decisiones políticas, también hay restricciones técnicas que impiden instalar sólo centrales baratas: las centrales hidroeléctricas, por ejemplo, proporcionan electricidad a precios muy competitivos, pero no podemos crear tantas de ellas como nos gustaría porque carecemos de suficientes saltos de agua.

En cualquier caso, si la demanda sube y hay que atenderla con una oferta más cara, sólo queda aumentar el precio de la luz: en caso contrario, la sociedad demandaría todavía más electricidad y no habría productores dispuestos a ofrecérsela (viviríamos apagones). El punto, empero, es que si queremos paliar los efectos de esta —o cualquier otra— subida transitoria de la luz no deberíamos intervenir más en el sector (o incluso nacionalizarlo, como propone Podemos), sino eliminar a corto plazo los “costes políticos” de la factura y, a medio-largo plazo, liberalizarlo para que se instalen las centrales de generación más eficientes posibles y no aquellas que dicte el capricho irracional de los políticos.