La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha acusado a Cristina Cifuentes de haber convertido a Madrid en un paraíso fiscal. A su juicio, y al del resto de líderes socialistas, la venidera revisión del sistema de financiación autonómica ha de poner fin a esta desleal competencia tributaria que perjudica a aquellas administraciones que apuestan por una carga tributaria más elevada. Personalmente no me sorprende en absoluto que algunos gobiernos apuesten por la armonización fiscal para poder exprimir con mayor saña a sus ciudadanos: constituye una tendencia natural de cualquier estamento extractivo el querer cartelizarse con el objetivo de maximizar la magnitud de su expolio. Lo verdaderamente llamativo de esta cuestión, pues, no es que haya políticos que pidan autonomía en el gasto pero centralización a la hora de desplumar al ciudadano: lo realmente llamativo es qué autonomías son las que ahora mismo están capitaneando las exigencias de poner coto a esa autonomía fiscal.

En circunstancias normales, uno esperaría que las regiones más pobres de España trataran de atraer o retener trabajadores altamente cualificados e inversión empresarial a través de un régimen impositivo favorable: dado que trabajadores y empresarios tienen mayor facilidad para obtener altas remuneraciones en las regiones ricas, parecería razonable ofrecerles un marco tributario relativamente más beneficioso para que optaran por quedarse en las regiones pobres; en ese contexto, deberían ser las regiones ricas las que reclamaran una mayor armonización fiscal para evitar que el “dumping fiscal” de las regiones pobres las perjudicara. Sin embargo, en España el mundo funciona al revés: son las regiones pobres las que tienen la arrogancia de colocar los impuestos más altos entre todas las autonomías para luego reclamarles a las regiones ricas que los suban todavía más. La razón de semejante despropósito cabe buscarla en que, desde hace décadas, Andalucía, Extremadura o Asturias renunciaron a desarrollarse económicamente y optaron, en cambio, por vivir políticamente de las transferencias fiscales del resto de españoles. La llamada “solidaridad interterritorial” ha desincentivado por entero que las sociedades con menor renta per cápita se preocupen por impulsar su tejido productivo-empresarial para, por el contrario, premiar el impulso de su tejido burocrático-extractivo. Tras disparar su propia carga tributaria y regulatoria, ahora pretenden extender su estrategia de subdesarrollo hacia el resto de España. Frenemos la armonización fiscal y acabemos con la injusta y distorsionadora redistribución de la renta entre gobiernos autonómicos.