La economía española registró en 2016 un crecimiento mucho mayor del que prácticamente nadie esperaba a comienzos de ese ejercicio —un 3,2% del PIB— y el propio FMI mejora sus previsiones para nuestro largo plazo: durante las postrimerías de esta segunda década del s. XXI, nos expandiremos a un ritmo anual de al menos el 2%. Los augurios parecen moderadamente positivos, sobre todo a tenor de nuestra reciente evolución. Sin embargo, y como solemos repetir en estos casos, no deberíamos caer en la autocomplacencia. Los mismos pronósticos del FMI contienen, de hecho, una lectura agridulce: según el Fondo, la creación de empleo se desacelerará de un modo muy intenso a partir de este año —ya empezó a hacerlo, de hecho, en 2016—, de manera que en 2021 todavía arrastraremos una tasa de paro superior al 15%: algo insólito en cualquier país desarrollado. A su vez, la institución también teme que en 2021 cargaremos con una deuda pública superior al 95% del PIB (un nivel ligeramente inferior al actual pero que en todo caso constata el atascamiento del endeudamiento estatal en unos niveles imprudentemente elevados).

Constituiría, pues, una enorme irresponsabilidad quedarnos de brazos cruzados esperando que la inercia de la recuperación cierre, con extrema lentitud, las heridas más sangrantes de la crisis. Sigue siendo muy necesario, por un lado, liberalizar la economía (incluyendo un mercado laboral todavía muy encorsetado) y bajar impuestos para impulsar la inversión y, por otro, recortar el gasto para acabar con el déficit. No obstante, y como es obvio, mucho más prioritario que avanzar en la buena dirección es no dar pasos atrás en la mala. La actual situación política de España, con un gobierno en minoría y vendido a los consensos con partidos socialdemócratas que necesitan anotarse victorias ante su electorado, es un caldo de cultivo idóneo para dirigir la política económica hacia una pésima dirección: contrarreformas regulatorias —como suprimir la reforma laboral— e incrementos de los impuestos y del gasto. Justamente contra este riesgo ha alertado también el FMI al defender la necesidad de “preservar los esfuerzos de las reformas acometidas y los cambios económicos manteniendo el impulso político y avanzando en las reformas estructurales”. No en vano, el propio Fondo ha estimado que sin la moderación salarial experimentada durante los últimos años —y posibilitada por la tan denostada reforma laboral— nuestro país habría perdido la friolera de un millón más de empleos: esto es, la tasa de paro no se habría ubicado en la ya exagerada cifra del 25,93% durante el primer trimestre de 2014, sino que la hubiera pulverizado hasta rebasar el 30% (unos niveles ni siquiera alcanzados en Grecia). En suma: consolidemos las buenas reformas y profundicemos en ellas para mantener —o incluso acelerar— los actuales ritmos de crecimiento y de creación de empleo. Si no lo hacemos, probablemente lo lamentaremos durante los próximos años.