Los primeros días de gobierno de Donald Trump han estado rodeados de una intensa (y justificada) polémica por sus medidas anti-globalización: el republicano no solo ha cargado contra la libertad de movimientos de mercancías sino también contra la ya de por sí muy capitidisminuida libertad de movimientos de personas. En la peor tradición nacionalista, Trump aboga por un mundo donde los tratos de cada estadounidense con el extranjero queden subordinados a lo que el propio Trump juzgue como "interés nacional". Pero entre tanto despliegue de arbitrariedad liberticida, Trump también ha aprobado una orden ejecutiva que engarza con unos saludables principios de regeneración normativa. En concreto, el nuevo presidente estadounidense ha ordenado a los distintos órganos administrativos del país que por cada nueva regulación que pretendan aprobar deban previamente derogar otras dos.

La reforma de Trump forma parte de una muy necesaria ofensiva contra la hiperinflación regulatoria que está machacando a las economías occidentales en general y a la estadounidense en particular: las regulaciones restringen el comportamiento que legítimamente pueden desarrollar los individuos dentro de una sociedad por razones generalmente espurias (caprichos, fobias o intereses del burócrata de turno). Es esa limitación política del espectro de actividades económicas legítimas lo que termina bloqueando artificialmente el aprovechamiento de las incipientes oportunidades de generación de riqueza. Hace bien Trump, por tanto, en tratar de poner coto a esa diarrea regulatoria: pero no deberíamos ser tan ingenuos como para pensar que esta normativa republicana será por sí sola capaz de acabar con la muy nociva hiperinflación regulatoria. De entrada, basta con observar lo sucedido en otros dos países que, como Canadá y Reino Unido, ya cuentan con disposiciones similares a la dictada por Trump (Canadá exige eliminar una regulación por cada otra aprobada y Reino Unido, tres): en ninguno de ellos ha tenido lugar revolución liberal alguna. Además, la propia norma contiene importantes excepciones que limitan su aplicabilidad real: no afecta al poder legislativo, ni a los organismos independientes (como la SEC), ni a ciertas materias (defensa, seguridad o relaciones exteriores). Y, por último, es un corsé normativo relativamente fácil de burlar: si un burócrata quiere aprobar la regulación A y no quiere prescindir de las regulaciones B y C, basta con que apruebe una normativa unificada que contenga de tapado las regulaciones A, B y C. En todo caso, bienvenidas sean iniciativas de este tipo dirigidas a limitar el expansionismo regulatorio de los Estados modernos.