Las pensiones públicas están en crisis. Pocos son los que se atreven a negarlo a día de hoy, incluso desde las propias Administraciones Públicas. Ayer mismo, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) manifestó en la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo que la Seguridad Social carga actualmente con un déficit estructural de cerca de 20.000 millones de euros: un agujero que a corto plazo sólo vamos a ser capaces de estabilizar en el mejor de los casos y que a medio-largo plazo va a dispararse inexorablemente. Sin ir más lejos, Manuel Lagares —quien en su momento presidiera la Comisión de Expertos para la reforma del sistema tributario español— también manifestó ayer en el Congreso su temor a que los desembolsos en pensiones terminaran fagocitando la mitad de todo el gasto público durante las próximas décadas.

Un panorama nada alentador que tanto la AIRef como Lagares propusieron contrarrestar con recortes de las prestaciones públicas: según la AIReF, en 2022 las pensiones habrán perdido alrededor del 7% de su poder adquisitivo con respecto a 2013; según Lagares, es imprescindible que a medio plazo las pensiones pasen a representar sólo el 50% del último salario cotizado, frente al 70% actual. Los habrá que piensen que ambos expertos yerran en sus apocalípticas previsiones y que el sistema puede continuar en su estado presente durante tanto tiempo como sea necesario: pero en tal caso sólo se estarían autoengañando. Las pensiones van a recortarse por el simple hecho de que no van a ser financiables, ni subiendo los impuestos ni aumentando los salarios por decreto tal como reclaman ingenuamente los partidos de izquierdas. Y ante semejante escenario, todos los políticos deberían estar alertando a los ciudadanos sobre la necesidad de ahorrar hoy para complementar mañana las exiguas rentas que nos abonará ese demolido fraude piramidal llamado sistema público de pensiones.