La salida a bolsa de Bankia fue una operación diseñada para tratar de salvar la parte más frágil del sistema bancario español. Recordemos que, a comienzos de 2011, las cajas españolas apenas habían experimentado algún contratiempo menor que se había solventado con pequeñas inyecciones de capital por parte del FROB. Sin embargo, los problemas existían y sólo se estaban ocultando debajo de la alfombra, confiando en que la economía remontara, el paro se redujera y la morosidad de las entidades de crédito minorara. En suma, como es de sobras sabido, el Gobierno de Zapatero fio la supervivencia de la economía española a que la crisis escampara por sí sola: nunca quiso adoptar ni una reforma, ni un ajuste presupuestario, ni una decisión impopular con respecto a la banca. Sólo era necesario ganar tiempo e insuflar algo de capital a las cajas más débiles para que aguantaran hasta que la recuperación llegara. Semejante adición de capital se efectuó a costa de los pequeños ahorradores y pensionistas: la emisión masiva de participaciones preferentes y la salida a bolsa de Bankia tuvieron como objetivo que los españoles invirtieran su escaso patrimonio financiero en nuestras cajas.

Ahí es donde entró la cooperación absolutamente necesaria de los organismos reguladores: en contra de lo que constituía su presunta labor, promovieron activamente la captación bancaria del ahorro de los españoles. Normal, pues, que años después quiera investigarse en qué medida los reguladores eran conscientes de los riesgos extraordinarios a los que estaban sometiendo a los españoles que confiaron ingenuamente en ellos. Pero la investigación judicial no debería derenerse en los reguladores, sino que tendría que alcanzar a los primeros mandos políticos (incluido el ex presidente Zapatero): es inconcebible que nuestros politizados reguladores dieran algún paso sin su conocimiento y consentimiento.