La presión fiscal de España se ubica por debajo de la media europea (aunque bastante por encima de la de muchos otros países occidentales), motivo que suelen aducir los partidarios de un Estado grande para justificar nuevas subidas de impuestos. ¿Por qué recortar el gasto para atajar nuestro elevado déficit público cuando podemos simplemente alimentar nuestra fiscalidad? Lo que la mayoría de los defensores de las subidas de impuestos suelen callarse, empero, es que las mismas serían padecidas no por los ciudadanos más ricos, sino esencialmente por las clases medias.

Hace apenas unos días, la Comisión Europea volvió a meter el dedo en la llaga fiscal de España; desde Bruselas se nos ha presionado para que aumentemos la recaudación y para que lo hagamos por una vía muy específica: la de incrementar el IVA. Según la Comisión, el grueso de la brecha entre nuestra presión fiscal y la del resto de Europa se debe a que nuestro IVA exhibe una potencia recaudatoria muy inferior debido, en parte, a los numerosos productos que son gravados al tipo superreducido del 4% y, especialmente, al tipo reducido del 10%. Así las cosas, y según la Comisión, si la estructura de este tributo se revisara para establecer un tipo único del 21% para todos los productos, la recaudación crecería en unos 15.000 millones de euros (alrededor del 1,4% del PIB), lo que supondría minorar en una cuarta parte nuestro diferencial tributario con Europa y disminuir en un tercio nuestro déficit público.

Personalmente no soy partidario de que se suba ningún impuesto, tampoco el IVA: al contrario, creo que es necesario ir rebajándolos progresivamente todos conforme vayamos, a su vez, recortando el gasto público. Sin embargo, todos aquellos que apuestan por la senda contraria, la de cebar el tamaño del Estado a costa de desvalijar la cartera de los ciudadanos, sí deberían tener muy en cuenta las advertencias de la Comisión. Sería poco realista aprobar una fuerte subida de impuestos únicamente por el lado de la fiscalidad directa (IRPF, Sociedades y cotizaciones sociales); sería del todo inverosímil que ese incremento exclusivo de la fiscalidad directa se concentrara en las rentas altas y no afectara al conjunto de los ciudadanos. Así pues, mejor no subamos ningún impuesto: no tendría demasiado sentido quitarle al ciudadano dinero de un bolsillo para, vía gasto público, colocárselo en el otro tras aplicar la correspondiente mordida vinculada a la gestión burocrática de todo este proceso redistributivo.