Uno de los rasgos característicos de Podemos, desde su misma fundación, ha sido la defensa de unos medios de comunicación democráticos e independientes merced a la supervisión garantista ejercida por el sector público. Desde la formación morada siempre se nos ha asegurado que su objetivo último en materia de prensa es la de proteger la autonomía de los periodistas para que puedan informar sin interferencias de la oligarquía económica que, a su juicio, teje los destinos del conjunto del país.

Desde ese prisma, los de Pablo Iglesias deberían ser vistos como los infatigables defensores de los derechos de los periodistas: como la formación que aspira a romper las cadenas que los oprimen y que les impiden desarrollar su vocación en libertad. Y, sin embargo, sucede más bien al contrario: Podemos amilana a los periodistas díscolos al menos tanto como el resto de esas formaciones políticas aliadas con la casta empresarial. El comunicado de la Asociación de la Prensa de Madrid no puede ser más duro y claro al respecto:

La estrategia de acoso de Podemos vulnera de una manera muy grave los derechos constitucionales a la libertad de expresión y a la libertad de información y coarta el libre ejercicio del periodismo, que es imprescindible para preservar la salud de una sociedad democrática como la española.

Esta inaceptable campaña, que está creando un estado de miedo entre los periodistas, tiene como fin el de persuadirles de que les conviene escribir al dictado de Podemos, además de tratar de conducirlos hacia la autocensura.

¿Cómo se conjuga la abierta defensa de la labor independiente del periodista con esta campaña de acoso y derribo contra aquellos profesionales que no les bailan el agua? Si a la formación morada le preocupa tanto la autonomía de la prensa, ¿por qué generan un estado de miedo entre los periodistas discrepantes para convertirlos en meros escribas a la orden de su gabinete de prensa? Quizá la explicación quepa buscarla en las trampas que desde un comienzo ha escondido su propuesta de democratización de los medios de comunicación.

Recordemos lo obvio: todo medio de comunicación está compuesto por un equipo de profesionales (especialmente, aunque no sólo, de periodistas) que se coordinan para editar con regularidad un producto audiovisual de información y opinión. Cada miembro de ese equipo de profesionales no puede contar con una autonomía absoluta frente a los demás por el motivo ya mencionado: ha de coordinarse con todos ellos y, por tanto, parte de sus iniciativas pueden quedar aparcadas o condicionadas a las iniciativas del resto. Asuntos tan cruciales como el orden de los temas tratados (y no tratados), el enfoque editorial, los perfiles de los “opinadores”, la credibilidad de las fuentes, los titulares o cebos empleados para captar la atención de la audiencia o el modelo de financiación vía suscriptores o anunciantes (y qué anunciantes) son cuestiones que no puede decidir unilateralmente cada miembro de un medio de comunicación, pues afectan a todos los profesionales que lo conforman. Y, al respecto, caben dos alternativas extremas: o esos temas se resuelven horizontalmente entre todos los profesionales (por votación democrática) o, en cambio, se constituyen divisiones funcionales coordinadas jerárquicamente (cada especialista se encarga de tomar decisiones y de rendir cuentas dentro de su área de competencia: redactor jefe, comercial, jefe de opinión, técnico de sonido, etc.).

Un observador externo bienintencionado podría pensar que Podemos promueve la extensión de un modelo horizontal-democrático en los medios de comunicación, de modo que todos los profesionales terminen decidiendo sobre todos los asuntos internos para que así restar poder a fuerzas externas como el “Ibex 35”. El problema es cualquier grupo humano medianamente amplio, complejo y con distintos niveles funcionales termina necesitando de profesionales especializados únicamente en la coordinación del resto de especialistas: es decir, en mayor o menos medida, todo grupo que quiera actuar con dinamismo y flexibilidad necesita recurrir a la delegación. Es decir, no todo lo que hace cada cual puede ser decidido entre todos, tanto porque cada uno es especialista en su campo (y no en el ajeno) cuanto por una mera economización del tiempo.

En sociología política se denomina a este fenómeno “ley de hierro de las oligarquías”: toda organización horizontal o democrática termina siendo gobernada por una pequeña oligarquía (especialmente cuanto más crece esa organización y mayor burocratización necesita). En Podemos conocen sobradamente el contenido de esta ley de hierro: tanto en el plano teórico —sus cuadros dirigentes eran profesores de ciencia política— cuanto sobre todo en el práctico —Podemos es un ejemplo de cómo el asamblearismo no puede gobernar todo aspecto concreto de una organización, resultando necesario delegar a una dirección reducida y compacta, donde la disidencia apenas constituya un florero sin capacidad de mando alguna—.

Pues bien, traslademos los pronósticos de esta inexorable ley de hierro a la organización democrática de los medios de comunicación que propone Podemos: ¿cuál sería el resultado a corto-medio plazo de cargarse, mediante intervención gubernamental directa, a los actuales equipos de dirección para que los periodistas comenzaran a autogobernar sus propios medios? Por necesidad, la impuesta horizontalidad interna iría seguida de la creación de nuevas jerarquías de mando (nuevas oligarquías) en todos los medios de comunicación: la democratización forzosa sólo sería un ariete para reemplazar, desde el poder político, a unos equipos de dirección salientes por otros entrantes. Y he ahí la clave de toda esta estrategia: ese poder político que acaba de socavar las estructuras de control de los medios tendría una oportunidad de oro para cooptar —palo y zanahoria mediante— a esos nuevos equipos de mando.

Huelga decir que esta operación de sometimiento de los medios de comunicación a los intereses del partido de turno no es patrimonio exclusivo de Podemos. Tanto el PSOE como el PP utilizan regularmente el palo (presiones sobre medios, periodistas, acreedores y grandes anunciantes) y la zanahoria (publicidad institucional o reparto de licencias) para conseguir una prensa dócil a sus intereses. Sería tremendamente ingenuo pensar que a día de hoy España constituye un ejemplo global de libertad de prensa frente a las injerencias de los diversos gobiernos: más bien somos lo opuesto. Pero la pésima situación actual sí tendría, al menos, una diferencia cualitativa con respecto al asalto con piel de cordero democratizadora que busca Podemos: aquellos medios que no deseen entrar en el reparto de favores y de privilegios gubernamentales sí pueden disfrutar hoy de una independencia relativa frente al poder político; la muy variada oferta de periódicos online que han ido emergiendo durante los últimos años al margen de las canonjías monclovitas —y que están logrando desplazar a los medios tradicionales— son el mejor ejemplo de ello. Una ley que subyugara a todos los medios al control público alterando sus estructuras internas de control sería una ley que terminaría de asfixiar la muy escasa libertad de prensa que todavía subsiste en nuestro país: una forma de control incluso a aquellos que hoy no se dejan comprar.

Que los libertadores de los periodistas muten en sus verdugos cuando les desagrada el contenido de su información —no otra cosa acaba de denunciar la Asociación de la Prensa de Madrid— debería hacernos sospechar que tal vez la revolución democrática del periodismo prometida tantas veces por Podemos no sea más que una estrategia para tomar el Palacio de Invierno.