La frustrada liberalización de la estiba es la clara ilustración de uno de los grandes problemas de este país: la existencia de una casta política que instrumentaliza groseramente las instituciones estatales en su privativo beneficio y en contra del bienestar de los ciudadanos. Nuestros gobernantes, en contra de lo que hipócritamente gustan de repetir, no son “servidores públicos” preocupados por impulsar una agenda reformista compatible con su concepción sincera del bien común: son máquinas de poder que trafican torticeramente con las libertades y las haciendas de los españoles con el único propósito de consolidar y ampliar las prebendas de las que disfrutan.

En este sentido, el comportamiento de los cuatro partidos mayoritarios a propósito de la fallida liberalización de la estiba pone perfectamente de manifiesto cómo incluso aquellas reformas tan de sentido común como para que incluso vengan apremiadas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (el mismo que el de las cláusulas suelo, no lo olvidemos) se vean frenadas por los sectarios intereses de las distintas formaciones políticas.

Empecemos por el Partido Popular: en teoría el partido “responsable” que, en este caso, está trata de acabar con los injustificadísimos privilegios legales de los estibadores y, en consecuencia, de acatar la sentencia de Tribunal de Justicia de la Unión Europea. ¿Ha obrado bien el PP? En absoluto: la filosofía rajoyana de los populares siempre ha sido la de “no querer líos”, de ahí que declinaran liberalizar la estiba motu proprio cuando tenían todo el poder de hacerlo, esto es, en cualquier momento entre 2012 y 2015 merced a su holgadísima mayoría absoluta. No fue hasta que Bruselas instó al gobierno del PP a liberalizar la estiba cuando los populares, a regañadientes y tratando de retrasar todo lo posible la medida, dieron su brazo a torcer. Si, según nos vende ahora el Gobierno, liberalizar la estiba es una medida positiva y justa para la economía española —y lo es—, ¿por qué esperaron a que Bruselas exigiera aplicarla? ¿Por qué no eliminaron los privilegios de los estibadores desde el primer momento en que tuvieron la oportunidad? Pues porque el PP buscaba, antes de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de 2014, una coartada para justificar una liberalización que por fuerza daría pie a cierta contestación social entre los grupos de presión de los estibadores; a su vez, a partir de 2014 y ya con esa coartada externa entre las manos, los populares optaron por esperar a que se celebraran las elecciones antes de adoptar medidas que pudieran costarle votos. El fracaso del PP de ayer no es más que la consecuencia de su irresponsable negativa a liberalizar la estiba cuando contaba con la mayoría parlamentaria suficiente para lograrlo: entonces antepuso sus intereses a los del resto de ciudadanos y hoy somos rehenes de sus negligencias pasadas.

Sigamos con el PSOE: los socialistas saben que la liberalización de la estiba es necesaria e inaplazable, pues integran las mismas instituciones europeas que el PP y conocen de primera mano qué nos están reclamando las mismas. Sin embargo, ahora mismo los socialistas están inmersos en una lucha interna de poder, donde una de las candidatas —Susana Díaz— necesita conseguir un apoyo abrumador en Andalucía para poseer verdaderas opciones de alcanzar la secretaría general. De ahí que no pueda permitirse fisuras dentro del socialismo andaluz: y una de esas fisuras, claramente, sería la de los sindicatos de estibadores (un tercio de todos los estibadores trabajan en puertos andaluces). Al final, pues, el PSOE ha sacrificado la liberalización de la estiba para maximizar las aspiraciones electorales de una (pre)candidata a la secretaría general: ni siquiera ha antepuesto el bien del partido al interés general, sino el bien de una persona concreta del partido (y de las élites que pululan a su alrededor) sobre el interés general.

Vayamos con Ciudadanos, la formación política que, sobre todo a partir de su reciente refundación congresual, dice querer representar los ideales del liberalismo dentro de la política española. Ciudadanos se ha abstenido en la votación sobre liberalizar la estiba no porque el decreto fuera insuficientemente aperturista, sino porque —aseguran— no era el momento adecuado para aprobarlo. ¿Cómo que no era el momento adecuado? El momento adecuado para liberalizar y para acabar con privilegios injustificados siempre es lo antes posible. Y, en este caso, todavía más: pues ya llevamos varios años de retraso incluso desde la óptica europea. A diferencia de lo que sostiene la formación naranja, no es necesario retrasar ni un minuto más la liberalización, dado que no hay nada que negociar con los estibadores: ni son acreedores de subvenciones públicas ni de regulaciones a medida del sector; al contrario, los estibadores han sido durante décadas los beneficiarios directos de un oligopolio legal que debe terminar lo antes posible. Y Ciudadanos lo sabe. En realidad, el motivo de su abstención ha sido bastante más banal; la formación naranja lleva varios meses sintiéndose desplazada e ignorada por los populares, dado que éstos no cumplen con sus compromisos y hacen caso omiso a sus amenazas. La abstención de los de Rivera ha sido una forma de revancha para recordarle al PP su fragilidad parlamentaria, revalorizando así sus escasos escaños. O dicho de otra manera: el conflicto matrimonial entre PP y Ciudadanos (en última instancia, la guerra civil dentro de la “derecha española”) nos ha costado a todos no liberalizar la estiba. Los liberales de Ciudadanos bloqueando una liberalización como forma de acaparar mayor poder político propio: su interés como partido por encima del interés general. Exabrupto antiliberal.

Y terminemos con Podemos: la formación morada ha perseverado en su archiconocida estrategia de alimentar cualquier conflictividad social para así capitanear la oposición al Gobierno aun abrazando formas de organización social que, desde sus propios planteamientos socialistas o socialdemócratas, deberían considerar del todo indeseables. Tomemos el caso de los estibadores: las altas rentas de este grupo de trabajadores derivan de una organización puramente gremial que les permite ejercer un control oligopolístico sobre los puertos españoles. Los gremios casan fatal con el socialismo igualitarista: son estructuras de poder privadas que segmentan estamentariamente a los trabajadores por sectores y que escapan a un control democrático de carácter universal (cada gremio planifica “sus” asuntos). De hecho, tradicionalmente los gremios han sido una pieza básica del corporativismo de corte fascista (no en vano, el actual modelo de la estiba es de origen franquista): cuerpos intermedios autoorganizados e interpuestos entre la sociedad civil y el Estado. Desde una perspectiva socialista o socialdemócrata, sería mucho más lógico que Podemos reclamara una nacionalización de la profesión de la estiba, convirtiendo a los estibadores en funcionarios a través de una oposición abierta y objetiva que midiera sin discriminación su mérito y capacidad: pero no, Podemos no reclama nada de esto, sino continuar otorgando el control de los puertos a un gremio cerrado y endogámico a costa del resto de trabajadores españoles. ¿Por qué razón? Simple y llanamente porque ahora les conviene instrumentar a los estibadores como arietes en su oposición permanente a cualquier medida del Gobierno: de nuevo, su ambición de poder por encima de su propia concepción del interés general.

En definitiva, todos los grandes partidos políticos españoles han hecho gala de una extrema irresponsabilidad en el asunto de la liberalización de la estiba. Todos ellos han priorizado sus intereses facciosos por encima del bienestar del conjunto de los ciudadanos: todos ellos conforman una genuina oligarquía que trata a los españoles como meros peones en su partida de ajedrez por el poder. Desazonador observar cómo incluso el sentido común más elemental sucumbe con luz y taquígrafos a sus cuitas internas de la casta gobernante. Por desgracia, el escándalo de la frustrada liberalización de la estiba es sólo la punta del iceberg de una inercia institucional mucho más deshonesta y corruptora: la permanente parálisis de cualquier reforma de calado que no redunde en mayores votos o ingresos para nuestras formaciones políticas. La inmolación de los más elementales principios morales en el altar de su desbocada ambición de poder.