A finales de 2016, la deuda pública del conjunto de las Administraciones Públicas alcanzó el 99% del PIB. Sin embargo, esa distribución no era uniforme en el territorio español: y es que 22 de esos 99 puntos son imputables a la deuda autonómica y, por consiguiente, varían según la región en el que residan los ciudadanos. O dicho de otro modo, existe un tramo de deuda pública que es común a todos los españoles y otro que depende de la autonomía específica en la que se habite.

Así las cosas, si repartimos proporcionalmente la deuda pública no autonómica entre la totalidad de los españoles (esto es, si consideramos que la deuda pública estatal, municipal y de la Seguridad Social es común), obtendremos que el tramo de pasivos estatales compartidos es del 75,5% del PIB. Las restantes obligaciones financieras ya dependen de cada autonomía: algunas de ellas están muy endeudadas (la Comunidad Valenciana carga con una deuda pública del 41,5% de su PIB y Castilla-La Mancha con una del 36,5%), mientras que otras están relativamente poco endeudadas (País Vasco arrastra un 15% de deuda sobre el PIB y Madrid una del 14,2%). Agregando el tramo estatal y el tramo autonómico, comprobaremos que a finales de 2016 la deuda pública dentro de España oscilaba entre el 117% del PIB, en la Comunidad Valenciana, y el 90%, de la Comunidad de Madrid.

Sin embargo, como es bien sabido, desde finales de 2012 una parte creciente de la deuda autonómica se halla en manos del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), es decir, de la Administración Central del Estado, lo que significa que el riesgo de impago sobre esa porción de la deuda autonómica es, en realidad, compartido por todos los españoles. El porcentaje de pasivos regionales adquiridos por el FLA depende de la negociación mantenida entre el Gobierno central y cada uno de los distintos ejecutivos autonómicos: mientras que el 73% de la deuda de la Comunidad Valenciana y de Murcia ha sido adquirida por el FLA, sólo el 6% de la de Madrid lo ha sido.

Esta mutualización de los riesgos —y de los costes financieros, pues el FLA no exige intereses a las autonomías y, en cambio, sí abona intereses a los tenedores de su propia deuda— ya sería de por sí bastante grave como para criticar el irresponsable comportamiento del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y como para exigir una inmediata suspensión de toda socialización adicional de riesgos. A la postre, no es admisible que los ciudadanos residentes en aquellas autonomías más rigurosas desde un punto de vista presupuestario (como la Comunidad de Madrid) digieran el riesgo fiscal de los gobiernos regionales más manirrotos e imprudentes como el de la Comunidad Valenciana.

Pero, por desgracia, la desvergüenza socializadora del ministro de Hacienda no ha concluido aquí. Según acaba de anunciar Cristóbal Montoro, el Gobierno está barajando aplicar quitas a la deuda autonómica adquirida por el FLA: es decir, condonar parte de su deuda a las autonomías más manirrotas y cargarle el agujero a los ciudadanos de las autonomías más ortodoxas fiscalmente.

Las consecuencias redistributivas de semejante operación política serían enormes: la Comunidad Valenciana —la región más endeudada de España y con mayor volumen de sus pasivos en manos del FLA— obtendría una gigantesca subvención neta de otras autonomías menos endeudadas, como Madrid, Navarra o el País Vasco. En el siguiente gráfico, representamos cómo quedaría la deuda pública por autonomía si el FLA condonara el 100% de la deuda regional adquirida y, por tanto, su importe tuviera que ser sufragado solidariamente por el conjunto de los españoles.

Es fácil observar la fortísima transferencia de renta que tiene lugar entre autonomías: mientras que la Comunidad Valenciana vería rebajar su deuda pública desde el 117% del PIB al 99%, a Madrid o el País Vasco les sería incrementada desde el 90% a más del 100%. En el siguiente gráfico resumimos las variaciones de endeudamiento público por autonomía en caso de que se mutualice la deuda del FLA:

Las autonomías ganadoras serían la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Cataluña, Murcia, Baleares, Cantabria y Andalucía, mientras que las perdedoras serían todas las restantes, pero muy especialmente País Vasco, Navarra y Madrid. Traducido en euros contantes y sonantes: cada murciano recibiría una transferencia de 5.500 euros del resto de españoles, cada valenciano una de 3.700, cada catalán una de 2.700, cada castellano-manchego una de 2.100 y cada balear una de 1.800; como contrapartida, cada vasco tendría que aportar 3.900 euros para cubrir el sobreendeudamiento del resto de autonomías y cada madrileño y navarro, 3.700.

Acaso algunas de estas transferencias entre autonomías podrían resultar justificables (en esencia, las que van a parar a Cataluña y Baleares, autonomías radicalmente maltratadas y golpeadas por nuestro confiscador sistema de financiación autonómico), pero otras a buen seguro no (Murcia, Andalucía o Castilla-La Mancha ya son beneficiarias netas del sistema de financiación autonómico y no hay razón para transferirles todavía más recursos del resto de españoles). A su vez, puede que los ciudadanos de algunas autonomías merezcan soportar los costes de esa socialización de deuda (Asturias o Extremadura reciben cada año enormes transferencias del resto de España), pero otras decididamente no (Madrid ya es expoliada por el sistema de financiación autonómico y no hay motivo para que sus ciudadanos paguen todavía más).

En todo caso, esta infame redistribución de deudas entre españoles sólo ilustra hasta qué punto de disfuncionalidad ha llegado nuestro Estado de las Autonomías: la descentralización administrativa es una magnífica idea para racionalizar el uso de los recursos públicos y para facilitar su fiscalización por parte del ciudadano (tanto mejor si la descentralización fuera provincial o local que autonómica). Pero para que la descentralización sea eficaz resulta imprescindible que exista corresponsabilidad tanto en la obtención de los ingresos fiscales como en la asunción de los costes de su deuda. En España no existe ninguna de ambas condiciones: la mayor parte de los ingresos autonómicos se socializan y redistribuyen a través del sistema de financiación autonómico y ahora, para más inri, el Ministerio de Hacienda pretende mutualizar la mayor parte de las deudas regionales. Cada gobierno autonómico gasta cuanto desea trasladándoles la factura a los ciudadanos del resto de autonomías: un homenaje al riesgo moral que sólo redunda en más gasto, más deuda y más impuestos para todos. Es hora de descentralizar verdaderamente el Estado español: que cada autonomía recaude sus propios ingresos y se haga cargo de sus propias deudas. La última astracanada de Montoro debería terminar de convencernos de ello.