Que España crece a unos ritmos intensos y esperanzadores es algo que nadie debería dudar a estas alturas. Tras dos años en los que nuestro PIB se ha expandido a ritmos superiores al 3%, 2017 sigue sin apuntar a un frenazo en seco de la actividad y, de hecho, el consenso actual ubica la previsión de crecimiento cerca de ese meritorio 3%. Sin embargo, una queja recurrente a propósito de nuestra recuperación es que ésta no termina de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos más humildes: los ingresos de las familias más pobres continúan estancados mientras que, durante los últimos años, el coste de vida se ha encarecido sustancialmente como consecuencia de las brutales subidas de impuestos y, de manera más reciente, del repunte de la inflación.

Precisamente, la OCDE se manifestó sobre este aspecto durante esta última semana y su mensaje fue rotundo: España necesita potenciar su crecimiento inclusivo para beneficiar al conjunto de la población. ¿Y cómo conseguirlo? La organización transnacional constata los dos problemas más obvios que lastran la prosperidad de las clases populares: los bajos salarios y la reducida cantidad y calidad del empleo. A su entender, hay una masa de la población que ve cercenadas sus oportunidades de obtener unos ingresos razonablemente elevados con los que planificar establemente su vida y así seguirá sucediendo hasta que no se dé una respuesta firme a la lacra de los bajos salarios y del mal e insuficiente empleo.

Para solventar la primera de estas lacras, la OCDE insiste en la necesidad de elevar la productividad de la economía española: al cabo, los salarios dependen en última instancia de la productividad de los trabajadores, de modo que no podremos disfrutar de salarios sosteniblemente altos sin mejoras estructurales en la productividad. Por desgracia, no existen fórmulas mágicas para disparar nuestra productividad: la propia OCDE constata que ésta se ha mantenido estancada en nuestro país desde hace casi dos décadas como consecuencia tanto del exceso de inversión en sectores de bajo rendimiento cuanto del nulo impulso innovador. Por consiguiente, para cambiar su signo toca invertir los incentivos: eliminar aquellas restricciones legales que dificultan invertir en sectores de alto rendimiento (por ejemplo, la colegialización obligatoria o la burocracia obstructiva) y facilitar la aparición de nuevas fuentes de financiación para los proyectos innovadores nacientes. Mejor inversión y mayor innovación son las únicas vías capaces de elevar la productividad y, por tanto, los salarios.

Para solventar la segunda de nuestras lacras, la OCDE recomienda flexibilizar el mercado laboral: a la postre, las dificultades de nuestra economía para generar empleo de calidad responden a la excesiva rigidez regulatoria (relacionada, por ejemplo, con la preponderancia de convenios colectivos de carácter sectorial desvinculados de las condiciones económicas específicas de cada empresa) y al muy elevado diferencial de costes no salariales entre los contratos indefinidos y los contratos temporales (lo que incentiva a canalizar los incrementos de plantilla a través de contratos temporales). Una mayor libertad laboral permitirá, pues, una más acelerada creación de empleo y, sobre todo, de empleo de calidad.

En definitiva, para lograr un crecimiento verdaderamente inclusivo debemos reformar el marco institucional de la economía española: mayor libertad para invertir e innovar y mayor flexibilidad para contratar. La OCDE nos ha puesto los deberes y sería un enorme error soslayar sus recomendaciones: no ya porque sin ellas la economía española crecerá menos, sino porque crecerá menos especialmente en el tramo de la sociedad más desfavorecido. En lugar de defender gigantescos programas estatales de redistribución de la renta, démosle una oportunidad a la libertad.