Por primera vez desde que comenzara la crisis, España cumplió con el objetivo de déficit marcado por la Unión Europea: no es que estemos ante un hito inexplicable (pues en última instancia apenas redujimos el desequilibrio presupuestario en 65 centésimas), pero al menos sí honramos nuestro compromiso. Así, superado el escollo de 2016, y después de haber estado a las puertas de ser sancionados por nuestra indisciplina de 2015, toca ahora asegurar el mucho más complicado cumplimiento del déficit de 2017: un propósito para el que no nos bastará minorarlo en 65 centésimas, sino que necesitaremos hacerlo en prácticamente el doble.

Para lograr tal fin, el Gobierno aprobó el pasado viernes su proyecto de presupuestos para el conjunto de 2017. Pese a que todavía no conocemos todos los detalles del borrador, que serán expuestos por el ministro de Hacienda este próximo martes, sí conocemos el marco macroeconómico en el que se insertan: se confía en un crecimiento del PIB del 2,5% y en una reducción de la tasa de paro hasta el 16,6% de la población activa. Un intenso ritmo de actividad económica necesario para conseguir el histórico aumento de la recaudación tributaria en el que confía el Ejecutivo para cuadrar las cuentas de 2017 sin recortar el gasto.

Más en concreto, el Gobierno espera que a lo largo de este año los ingresos fiscales de la Administración Central aumenten en 14.500 millones de euros: tres veces más de lo que crecieron en 2016 y casi tanto como lo que acumulativamente se expandieron entre 2012 y 2016. La previsión es muy optimista aunque no del todo inverosímil: un incremento de la recaudación de 14.500 millones de euros supone una variación de los ingresos tributarios del 7,9% con respecto a los cosechados en 2016… y en los dos primeros meses de este año ya se están incrementando en un 6,7%.

Sin embargo, no deja de ser imprudente fiar todo el cumplimiento del déficit de este año a que la recaudación evolucione a unas tasas inusitadamente positivas. Los tan necesarios recortes en profundidad del gasto público siguen estando ausentes en estas cuentas públicas: lejos de garantizar la contracción del desequilibrio presupuestario mediante un enérgico recorte de los desembolsos del Estado, el Gobierno prefiere continuar fiándolo todo a la inercia de la recuperación. Como decíamos, no se trata de una estrategia condenada por fuerza al fracaso pero sí innecesariamente arriesgada: con tal de minimizar el coste electoral de promover nuevas reducciones del gasto, maximizamos el riesgo de incumplimiento. Esto resulta especialmente cierto dentro de un contexto político en el que el Partido Popular parece estar lanzándose a contraer nuevos compromisos de gasto: medio millón de nuevos empleos públicos, incremento del salario de los funcionarios, aumento de la inversión en infraestructuras y, probablemente, un reforzamiento del gasto en Defensa a instancias de la administración Trump.

No deberíamos olvidar que nuestro país sigue arrastrando un déficit estructural cercano al 4% del PIB: muy por debajo del 9,3% con el que iniciamos la crisis pero todavía en unos niveles preocupantemente altos. Los Presupuestos deberían ser el instrumento para atajar de manera definitiva este enquistado desequilibrio de nuestra economía: deberían ser la norma que recogiera un considerable adelgazamiento de nuestro sector público para que los gastos dejen de seguir superando los ingresos. Por desgracia, y a falta de que el ministro de Hacienda nos los desglose este próximo martes, sólo están siendo una vía para consolidar el desajuste financiero actual a la espera de que el sostenido crecimiento de la recaudación lo subsane.