Uno de los grandes problemas de la economía española, sólo parcialmente atajado por la reforma laboral de 2012, es la elevada desvinculación entre la evolución de los salarios y la situación de cada empresa particular. Los salarios deberían reflejar la productividad del trabajador dentro de cada unidad de producción: si los salarios se ubicaran por debajo de la productividad, la empresa cosecharía beneficios extraordinarios y la entrada de nuevos competidores la obligaría o a bajar precios o a subir sueldos; si se ubicaran por encima de la misma, la empresa no podría mantener a toda su plantilla y debería despedir a parte del personal. Así sucedió, de hecho, en 2009: durante el peor año de la crisis económica, con la actividad empresarial derrumbándose a tasas históricamente altas, los salarios reales de los españoles se incrementaron, intensificando el ya de por sí alto ritmo de destrucción de empleo.

¿Y cómo es posible que los salarios se hallen tan desalineados de la vida interna de una empresa? Pues por aplicar el instrumento jurídico de la negociación colectiva a ámbitos superiores al de la propia empresa (ámbitos sectoriales, provinciales o nacionales): en lugar de permitir que los representantes de los trabajadores de una compañía negocien con los directivos de esa compañía (y que lo hagan atendiendo a la coyuntura específica por la que atraviesa), se imponen unas condiciones generales para todas las empresas de un sector o de un territorio. Acaso el mejor aspecto de la reforma laboral de 2012 fue justamente ése: otorgar primacía a los convenios de empresa sobre los sectoriales. Pero, por desgracia, la negociación colectiva supraempresarial sigue muy viva en la economía española: ahora mismo, los representantes de la patronal (CEOE y CEPYME) y los de los sindicatos (UGT y CCOO) andan negociando un acuerdo salarial para el conjunto de las empresas nacionales. En concreto, la patronal acepta una subida de entre el 0,5% y el 2% en el conjunto de salarios, mientras que los sindicatos ambicionan una entre el 1,2% y el 2,5%. Lo cierto es que tal negociación debería desarrollarse descentralizadamente dentro de cada empresa, no superimpuesto a todas ellas. A la postre, y como advirtió ayer mismo el Banco de España, un incremento global de los salarios frenaría la creación de nuevo empleo y nos haría perder competitividad al consolidar salarialmente el repunte actual del IPC. No arriesguemos la recuperación volviendo a las viejas malas prácticas.