Y, ciertamente, nuestro país necesita de menor temporalidad y de mayores remuneraciones salariales. La cuestión, claro, es cómo conseguirlo. Desde la escuela política del pensamiento mágico (apadrinada, por ejemplo, por Podemos y otros partidos satélites), tiende a pensarse que basta con legislar sobre cualquier asunto para que éste se convierta en realidad: es decir, bastaría con decretar que los empresarios deben aumentar los sueldos y ofertar contratos indefinidos para que todo ello suceda. Pero la economía no se somete a los mandatos de los políticos: si un empresario entra en pérdidas por subir la remuneración de sus trabajadores, lo que hará es recortar su plantilla, algo que evidentemente socavará cualquier legítima aspiración a un crecimiento inclusivo (la mayor exclusión la padecen aquellos a los que se les condena a un paro estructural).

¿Cómo conseguir, pues, mejor empleo y mayores salarios? Por un lado, la alta temporalidad de nuestra economía se debe a una legislación fuertemente proteccionista para con el empleo indefinido que, en consecuencia, termina desprotegiendo por entero al empleo temporal: es necesaria una mayor libertad contractual para que las empresas no hayan de compensar la sobrerrigidez de sus puestos indefinidos con la sobreprecariedad de sus puestos temporales. Por otro, los bajos salarios se deben a la baja productividad de nuestra economía, lo cual debe remediarse con mayor inversión empresarial en bienes de equipo e innovación: y, justamente, para inducir esa mayor inversión necesitamos de mayor libertad y de impuestos más bajos. Ése, y no otro, es el camino hacia nuestro crecimiento inclusivo.