Los taxistas españoles convocaron el pasado miércoles un paro a modo de protesta contra el “intrusismo laboral” y la “competencia desleal” que, a su entender, representan plataformas como Uber y Cabify. Sus exigencias pasan por que el Gobierno central proteja a este colectivo que genera “150.000 empleos en España” restringiendo la concesión de nuevas licencias VTC (licencias que permiten el transporte de viajeros mediante su precontratación por parte del usuario y que, por tanto, rivalizan directamente con el taxi). O dicho de otra manera, los taxistas reclaman menos competencia para que la tarta de sus ingresos se disperse entre un número de manos más reducido. La primera consecuencia de esta menor competencia es una mayor desprotección de los usuarios frente a los taxistas: si el ciudadano no puede recurrir a oferentes alternativos de servicios de transporte, los taxistas pueden terminar exigiéndole un mayor precio (consagrado en regulaciones cartelizadoras que son comunes a todos ellos) o prestándole un peor servicio (claramente observable cuando se producen picos de demanda y muchos usuarios quedan desabastecidos ante la insuficiencia de taxis para todos). La segunda consecuencia de esta menor competencia es que sólo unos pocos privilegiados —los taxistas que cuentan con una licencia— pueden prestar servicios de transporte de personas, impidiendo a todos los demás ciudadanos trabajar como autónomos en esta industria: esto es, acaso sí sea cierto que el sector cree 150.000 empleos directos e indirectos, pero sólo a costa de impedir que otras muchas personas sean empleadas en él.

El caso no difiere sustancialmente de uno en el que las Administraciones Públicas decidieran exigir una licencia a todo aquel que quisiera abrir un bar en España y, acto seguido, congelaran el número de esas licencias (y, por tanto, también el número de bares). Los efectos de tan injustificable imposición serían obvias: precios más caros, peores servicios y limitación de la libertad de millones de españoles a abrir un bar. Con la actual restricción del número de licencias de taxis todos perdemos salvo, claro está, los propios taxistas: y las protestas del pasado miércoles no son más que una campaña orquestada para amedrentar a cualquier político que, tras las recientes innovaciones tecnológicas que vuelven del todo innecesario el anacrónico sistema de licencias, pudiera aspirar a liberalizar el sector. Una campaña, por consiguiente, ideada para defender los privilegios del cártel taxista frente a los derechos del resto de ciudadanos: una campaña que, por el bien de todos, ojalá termine fracasando.