Uno de los peores vicios en los que puede caer cualquier sociedad es el de apostar por la destrucción de riqueza para, acto seguido, comenzar a subsidiar la pobreza. Resulta del todo legítimo y razonable que los ciudadanos deseemos ayudar a quienes están atravesando una mala situación económica; resulta absurdo, en cambio, que el sector público empobrezca a los individuos con leyes e intervenciones liberticidas para que, más adelante, todos nos veamos forzados a ayudarles. Primero permitamos la creación de riqueza para todos y, sólo después, echemos una mano a aquellos pocos que todavía lo necesiten.

El bono social que rige en nuestro sistema eléctrico es un perfecto ejemplo de este despropósito: tras años de injerencias desnortadas de las administraciones públicas en el sector (en forma de promoción de energías renovables todavía no maduras, trabas normativas a la construcción de nuevas centrales hidroeléctricas o nucleares y manipulación de los precios para inflar artificialmente la demanda), España ha pasado de tener una de las facturas eléctricas más baratas de Europa a sufrir una de las más caras. Y, evidentemente, una de las consecuencias de este drástico encarecimiento ha sido que muchas familias han dejado de poder hacer frente a sus consumos eléctricos básicos, debiendo entonces recurrir al bono social para poder costearse unos suministros mínimos. ¿Por qué no invertimos tan perversa lógica? ¿Qué tal si, en lugar de encarecer la factura eléctrica para luego tener que subsidiarla, comenzamos por abaratarla para evitarnos los subsidios? Cuanto más asequible sea el coste del kilovatio-hora, menos gente necesitará del bono social. ¿Y cómo abaratar la electricidad? Pues dando marcha atrás en la pésima política energética desarrollada durante los últimos 15 años: acabando con las ayudas para las centrales anticompetitivas y reduciendo las barreras de entrada para las competitivas. En suma: liberalizando, de verdad, el mercado eléctrico.