A propósito del Banco Popular y los rumores, idas y venidas sobre su futuro inmediato, el CEO de una importante gestora me cuenta este fin de semana que “el valor del banco está en los litigios que vendrán, empezando contra el expresidente y su consejo, porque el resto apenas vale mucho ¿cuánta ha sido la sangría de depósitos, por ejemplo?”. Y añade: “buscando en los archivos me encuentro este magnífico artículo de Ramón Mullerat en Cinco Días, escrito hace siete años: Los pleitos nunca son deseables. Abraham Lincoln, en unas “Notas para una conferencia de derecho”, dirige una sabrosa recomendación a los abogados aconsejándoles evitar los litigios. Les dice: “Desalentad los litigios. Persuadid a vuestros vecinos para transigir siempre que puedan. Señaladles cómo el ganador nominal es a menudo un verdadero perdedor en honorarios, gastos y pérdida de tiempo”. También la maldición gitana “pleitos tengas y los ganes” discurre en el mismo sentido, ya que por más que uno gane un pleito, el simple hecho de pasar por el mismo ya es castigo suficiente. Cada vez más los ciudadanos y las empresas procuran solventar sus diferencias acudiendo a los métodos de resolución de disputas alternativos a la justicia ordinaria (alternative dispute resolutions o ADR)...” Hay que situarse en el caso de Bankia, sin más..”

Las cosas se ponen feas para el Popular. Los despachos de abogados estadounidenses Goldberg Law PC, Glancy Prongay & Murray y Levi & Korsinsky han comenzado una investigación para estudiar posibles denuncias a Popular tras las deficiencias detectadas en las cuentas de 2016 y comunicadas a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En concreto, estas tres firmas, dos ubicadas en Los Angeles y una en Nueva York, han informado de la apertura de una investigación a la entidad por “posibles violaciones a las leyes federales sobre valores”, según han señalado en sendos comunicados.

El despacho Goldberg Law PC detalla que la investigación se enfoca en “si Popular y algunos de sus directivos” violaron la ley federal estadounidense. Por su parte, Glancy Prongay & Murray ha indicado que investiga “potenciales demandas sobre el comportamiento de los inversores de Popular en relación con posibles violaciones a la ley del mercado de valores por parte de los directivos de Popular”.

Las tres firmas se refieren a la caída de las acciones de la entidad como consecuencia del anuncio de los errores financieros detectados por una auditoría interna de la entidad relacionados con su ampliación de capital de 2016 y, posteriormente, de la dimisión de su consejero delegado, Pedro Larena.

Así, estas firmas se unen a los bufetes especializados en la defensa de los inversores Rosen Law Firm y Khang & Kang LLP, que antes anunciaron la puesta en marcha de acciones similares.