Desde el pasado 3 de febrero, los estibadores españoles están inmersos en una huelga silenciosa como forma de presionar a las compañías estibadoras y al gobierno: una parte de los puertos de España (muy en particular, Algeciras y Valencia) está viendo caer el tráfico de contenedores hasta un 14% mientras que algunos de nuestros puertos rivales, como el de Tánger, lo han visto aumentar en más de un 10%. Inevitablemente, si algunos de nuestros puertos dejan de operar, las empresas de transporte marítimo buscarán otras infraestructuras donde cargar y descargar su mercancía. La estrategia de los estibadores huelguistas podría parecer suicida, en tanto en cuanto están estrangulando la actividad de los puertos que, en última instancia, los emplean y sufragan sus salarios. Pero, en realidad, están sacrificando el rendimiento de sus empleadores para proteger algo mucho más valioso: sus privilegios.

El objetivo de los huelguistas es claramente el de provocar pérdidas diarias de varios millones de euros a las empresas estibadoras y al conjunto de la economía española con el propósito de que éstas y el gobierno acepten de apresuradamente una reforma en falso del sector. Como es sabido, Bruselas nos exige una liberalización inmediata del régimen de contratación de trabajadores portuarios para que cualquier compañía estibadora pueda incorporar a su plantilla a cualquier empleado procedente de cualquier parte de Europa y no sólo a aquellos que pone a su disposición de la Sagep (Sociedad Anónima de Gestión de Estibadores Portuarios). Los estibadores evidentemente se resisten a abrir su sector a la competencia: gracias a las restricciones existentes hasta la fecha, han logrado notables sobresueldos y unas ventajosas condiciones laborales. Es lo que, al fin y al cabo, sucede con todos los monopolios u oligopolios legales: dado que toda la demanda tiene que pasar a través de ellos, son capaces de imponer condiciones leoninas sobre sus contrapartes. Por eso, el oligopolio de la estiba debe romperse con la liberalización sectorial: de esta manera, no sólo nuestros puertos, sino el conjunto de la economía, se volverán mucho más competitivos. El chantaje huelguista no debería asustarnos: cuanto antes liberalicemos, más rápido perderán toda razón para seguir instalados en un paro ya fracasado; cuanto más prolonguemos la imprescindible liberalización, más esperanzas tendrán de salirse con la suya colocando toda la carne sobre el asador. No demoremos más lo que ya lleva demorándose desde diciembre de 2014.