Unidos Podemos acaba de registrar una proposición de ley “contra la discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género” en la que se prevén sanciones administrativas contra quienes publiquen en cualquier formato “expresiones, imágenes o contenidos de cualquier tipo que sean ofensivas o vejatorias por razón de orientación sexual, identidad o expresión de género y características sexuales LGTBI”. El grado de arbitrariedad administrativa a la hora de apreciar que se está cometiendo una infracción calificada como “muy grave” es extremo: “Son infracciones muy graves (…) causar, por cualquier medio o procedimiento, una lesión no definida como delito a otra persona, por razón de la orientación sexual, identidad o expresión de género o características sexuales de ésta, reales o percibidas”. Es decir, que si el burócrata de turno aprecia que alguien ha “lesionado” (en un sentido muy abstracto) a otra persona por su condición o identidad sexual o de género, puede imputarle una infracción “muy grave”. ¿Y qué consecuencias tienen las infracciones muy graves? Pues multas de hasta 45.000 euros, la suspensión de actividades durante un plazo de hasta dos años, y el secuestro de sus publicaciones (libros, revistas, panfletos, páginas web, etc.). Además, la proposición de ley de Podemos establece que la administración seguirá teniendo potestad para imponer estas sanciones aun cuando los tribunales no aprecien que son constitutivas de delito.

Apliquemos todo este despropósito legislativo a un caso reciente: el autobús de Hazte Oír. Fuimos muchos quienes criticamos a la asociación conservadora por el ofensivo simplismo de su reciente campaña contra la identidad transgénero, pero aun así defendimos en todo momento su derecho a la libertad de expresión incluso frente a las posibles sanciones provenientes de organismos judiciales. Con la proposición de ley de Unidos Podemos en la mano, empero, ni siquiera sería necesario que estas sanciones las impusiera un juez: bastaría con que lo hiciera un funcionario sometido jerárquicamente a un eventual gobierno de Podemos. Este funcionario estaría legitimado a cerrar Hazte Oír durante dos años y a secuestrar todas aquellas publicaciones suyas que considerara “lesivas” contra el colectivo transgénero, aun cuando los tribunales concluyeran lo contrario. Ahora imagen qué sucederá si este tipo de leyes mordaza se generalizan para “proteger” a todo colectivo susceptible de ser “protegido”: muerte a la libertad de expresión y sometimiento absoluto al capricho chantajista de los gobernantes. Esto es lo que acaba de impulsar Unidos Podemos en el Congreso.