La libertad económica es la variable clave que determina la prosperidad de las sociedades. Cuanto más libre es una economía, mayor riqueza es capaz de generar y mayores son los estándares de vida de los que disfrutan sus ciudadanos; cuanto menos libre es una economía, más frágiles son las bases de su crecimiento y más precario es el nivel de vida de sus ciudadanos. De ahí que cualquier empeoramiento en nuestros indicadores de libertad económica resulte una pésima noticia. Y, por desgracia, esto es exactamente lo que ha sucedido con el índice de libertad económica que año tras año elabora la prestigiosa fundación estadounidense Heritage y que fue presentado esta misma semana en nuestro país.

Así las cosas, de acuerdo con la mencionada clasificación de Heritage, España ha pasado de ser la 43 economía más libre del planeta en 2014 a la 69 en 2015: nuestro peor resultado desde que se comenzara a elaborar este indicador en 1998. En realidad, empero, el fortísimo deterioro experimentado en 2015 es una ficción estadística: hasta el momento, el índice no incluía dos variables en las que España puntúa fatal —eficiencia del sistema judicial y solvencia de la deuda pública—, de modo que, al introducirlas, nuestra nota se ha desplomado. O dicho de otra forma, si en ediciones anteriores se hubiesen incluido estas dos variables, no habríamos caído ni mucho menos tanto en 2015 aunque sí nos habríamos mantenido en la pésima posición en la que ahora nos hallamos.

Toca, pues, ponerse manos a la obra para corregir esta malísima posición que sin duda lastra nuestro potencial de desarrollo. Para ello, debemos comenzar por analizar con detalle el índice de la Fundación Heritage para conocer cuáles son los apartados en los que obtenemos una peor puntuación y que, en consecuencia, están lastrando nuestra libertad económica. Y, de acuerdo con la fundación estadounidense, éstos son: la corrupción institucional, la lentitud de la justicia, el elevado gasto público, la confiscatoria carga fiscal, la peligrosa acumulación de deuda pública, las omnipresentes trabas contra el emprendimiento y nuestro encorsetado mercado laboral.

He ahí, pues, las enormes asignaturas pendientes con las que carga nuestra economía: mejorar nuestro Estado de Derecho, de tal manera que las élites extractivas no parasiten la administración; contar con unos tribunales funcionales e independientes que puedan resolver con rapidez las diversas controversias que se les planteen; recortar el gasto público y los impuestos para dar más oxígeno y autonomía a la sociedad civil; poner fin al ciclo de sobreendeudamiento estatal mediante la generación de un superávit en las cuentas públicas; eliminar las muchas regulaciones que se interponen en la vida de las empresas, tanto en su creación, su desarrollo y en su disolución; y finalmente, liberalizar el mercado laboral para que pueda crearse empleo de calidad para el conjunto de la población activa.

Nadie debería sorprenderse al descubrir que éstas son las grandes reformas que tenemos pendientes, pues llevan siéndolo desde hace décadas. Y nadie debería contentarse con el reinante consenso socialdemócrata actual que busca obstaculizar todas y cada una de las anteriores reformas: es una auténtica tragedia nacional que ningún partido político reivindique un programa de liberalizaciones como el anteriormente expuesto. No en vano, basta con echar una ojeada a los primeros puestos del ranking de la Fundación Heritage para comprender las importantísimas oportunidades a las que estamos renunciando por nuestra parálisis antiliberal: Hong Kong (renta per cápita de 59.900 dólares internacionales); Singapur (renta per cápita de 86.100 dólares internacionales); Nueva Zelanda (renta per cápita de 36.100 dólares internacionales); Suiza (renta per cápita de 58.600 dólares internacionales); y Australia (renta per cápita de 47.700 dólares internacionales). España no alcanza los 35.000: liberalicemos nuestra economía y abrámonos al progreso.